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Vol. 8 Num. 18 Suplemento CICA Multidisciplinario
Julio-Diciembre 2024
INSEGURIDAD CIUDADANA: UNA MIRADA DESDE LOS DERECHOS
HUMANOS
CITIZEN INSECURITY: A VIEW FROM HUMAN RIGHTS
INSEGURANÇA CIDADÃ: UM OLHAR A PARTIR DOS DIREITOS HUMANOS
AUTOR
Nayeli Nicole Parrales Zambrano
1
Autor de correspondencia nparrales033@gmail.com
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ecuador
Juana de Jesús Ochoa Soledispa
2
Email: juana.ochoa@uleam.edu.ec
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ecuador
Recibido: 21 de septiembre 2024 Aceptado: 21 de noviembre 2024 Publicado: 25 diciembre 2024
RESUMEN
La inseguridad ciudadana describe la percepción de una sociedad en la que sus habitantes
enfrentan constantemente el riesgo de sufrir delitos, lo que repercute negativamente en sus
pensamientos y acciones, así como en la economía y el entorno circundante. Ecuador ha
experimentado un preocupante aumento de este problema en los últimos años, afectando así los
derechos fundamentales de los ciudadanos, donde el aumento de la criminalidad es uno de los
principales factores que contribuyen en la percepción de inseguridad. De este modo, el objetivo
corresponde a analizar la afectación de la Inseguridad Ciudadana en el ejercicio de los derechos
humanos. La metodología consistió en un tipo de investigación descriptiva, con enfoque
1
Nayeli Nicole Parrales Zambrano – Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ecuador
nparrales033@gmail.com
2
Juana de Jesús Ochoa Soledispa – Docente Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí - Ecuador
juana.ochoa@uleam.edu.ec
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cualitativo, de diseño no experimental, método deductivo, con aplicación de la técnica de
revisión bibliográfica-documental. En este contexto, los hallazgos reflejan un aumento en la
percepción de inseguridad debido a crímenes como homicidios, robos y extorsiones,
impactando los derechos a la seguridad, libertad y vida. La criminalidad se concentra en áreas
urbanas y portuarias como Guayaquil y Esmeraldas. Se identifica la relación entre inseguridad,
desigualdad social y crimen organizado, con grupos criminales que disputan el control de rutas
de narcotráfico y prácticas como la extorsión y el lavado de activos. Se concluye que la
inseguridad en Ecuador responde a factores económicos y sociales que incrementan el riesgo
ciudadano, donde el crimen organizado es un motor clave. Las políticas de seguridad deben
atender la desigualdad y el empleo para mejorar la calidad de vida y reducir la violencia.
PALABRAS CLAVE: Derechos fundamentales; inseguridad ciudadana; perspectiva humana.
ABSTRACT
Citizen insecurity describes the perception within a society where inhabitants constantly face
the risk of crime, which negatively affects their thoughts, actions, the economy, and the
surrounding environment. Ecuador has seen a troubling rise in this issue in recent years,
impacting citizens' fundamental rights, with increasing crime rates as one of the main
contributors to the perception of insecurity. Consequently, the objective is to analyze how
Citizen Insecurity affects the exercise of human rights. The methodology involved descriptive
research with a qualitative approach, non-experimental design, deductive method, and the
application of a bibliographic-documentary review technique. In this context, findings indicate
a rise in the perception of insecurity due to crimes such as homicides, robberies, and extortion,
affecting the rights to security, freedom, and life. Crime is concentrated in urban and port areas
such as Guayaquil and Esmeraldas. There is an evident connection between insecurity, social
inequality, and organized crime, with criminal groups vying for control over drug trafficking
routes and engaging in extortion and money laundering. It concludes that insecurity in Ecuador
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results from economic and social factors that increase citizen risk, with organized crime as a
central factor. Security policies must address inequality and employment to improve quality of
life and reduce violence.
KEYWORDS: Citizen insecurity; fundamental rights; human perspective.
RESUMO
A insegurança cidadã descreve a percepção de uma sociedade em que os seus habitantes
enfrentam constantemente o risco de sofrer crimes, o que tem um impacto negativo nos seus
pensamentos e ações, bem como na economia e no ambiente envolvente. O Equador tem
experimentado um aumento preocupante deste problema nos últimos anos, afetando assim os
direitos fundamentais dos cidadãos, onde o aumento da criminalidade é um dos principais
fatores que contribuem para a percepção de insegurança. Desta forma, o objetivo corresponde
a analisar o impacto da Insegurança Cidadã no exercício dos direitos humanos. A metodologia
consistiu em um tipo de pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, delineamento não
experimental, método dedutivo, com aplicação da técnica de revisão bibliográfico-documental.
Nesse contexto, os achados refletem um aumento na percepção de insegurança devido a crimes
como homicídios, roubos e extorsões, impactando os direitos à segurança, à liberdade e à vida.
A criminalidade está concentrada em áreas urbanas e portuárias como Guayaquil e Esmeraldas.
Identifica-se a relação entre insegurança, desigualdade social e crime organizado, com grupos
criminosos que disputam o controle das rotas do tráfico de drogas e práticas como extorsão e
lavagem de dinheiro. Conclui-se que a insegurança no Equador responde a factores económicos
e sociais que aumentam o risco dos cidadãos, onde o crime organizado é um factor chave. As
políticas de segurança devem abordar a desigualdade e o emprego para melhorar a qualidade
de vida e reduzir a violência.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos fundamentais; insegurança cidadã; perspectiva humana.
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INTRODUCCIÓN
El concepto de seguridad ciudadana es variado y evoluciona debido a que tiene que ver con las
relaciones sociales, de esta manera existen varios autores que mencionan definiciones para este
término, de este modo, citando inicialmente a Tudela (2010) el cual lo abarca desde un
“contexto histórico, social, político, ideológico, cultural, económico y ambiental de la sociedad
de la cual emerge” (p. 5). Por otro lado, según Bautista (2009), la seguridad ciudadana es aquella
donde no existen demasiados riesgos y amenazas que puedan provocan violencia en el ambiente
circundante, donde por lo consiguiente existan muy pocos derechos fundamentales afectados
(Díaz Evangelista & Barrios González, 2021).
Pérez (2004) hace mención sobre el tema de los países latinoamericanos donde se visualiza con
mayor frecuencia la carencia de este derecho, siendo así que desde cierta época no se habla de
seguridad pública, sino que se incorporó al ciudadano, para que así tenga participación en las
políticas de seguridad de su país, debido a que es de su total competencia tanto del Estado como
del ciudadano en formar un país seguro.
La seguridad ciudadana es considerada una disciplina bidimensional, debido a que la componen
elementos objetivos y subjetivos, en este sentido, Grimaldo (2014) considera que es un modelo
multifacético, puesto que no solo se encamina sobre el delito, sino que tiene relación con la
población y cómo contrarrestar la inseguridad para garantizar bienestar, por lo que se considera
un bien común de los ciudadanos y una herramienta fundamental para el desarrollo de un país
en general.
MARCO TEÓRICO - JURÍDICO
Seguridad Ciudadana como Derecho: Un bien público
Se ha definido con anterioridad a la seguridad pública como la ausencia de peligro o daño,
también es entendida por Canales (2021) como “el proceso de instaurar, dar fortaleza y
protección al orden civil democrático, por lo que corresponde la eliminación de intimidaciones
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de violencia...” entonces ¿A quién le corresponde proporcionar este derecho? Existen dos
personajes involucrados de manera directa: El Estado y la Ciudadanía.
Primero, el “Estado” es encargado de brindar seguridad por medio de las diferentes instituciones
que lo conforman, pero debido a que persisten los golpes de inseguridad en el país, existe
desconfianza en la población ante la ausencia de una convivencia armónica, donde los derechos
colectivos e individuales carecen de aplicación efectiva, derivando así los diferentes escenarios
que se viven en Ecuador (Guerrero Aray y otros, 2021).
Los ciudadanos acogen la seguridad que les brinda el Estado, donde ellos serían el sujeto pasivo,
sin embargo, desde otro punto de vista y según varios autores puede llegar a ser activo,
suponiendo que si en algún momento el Estado no se puede responsabilizar y se le sale de las
manos ciertas situaciones que atañen a su país, puede el ciudadano en conjunto con otros,
trabajar de manera organizada para promover e incentivar el goce pleno de una sociedad
tranquila, siempre y cuando exista colaboración de las partes.
De esta manera la seguridad ciudadana no es solo un bien público, si no que engloba un sin
número de situaciones, pero la principal seria la defensa de los derechos como: la vida, la
libertad y la dignidad humana, como se ha mencionado, es amplia la conceptualización de la
seguridad pública, donde no solo se trata de la reducción de los actos delincuenciales, sino que,
en proveer la calidad de vida a los ciudadanos, que en Ecuador también es conocido como el
“Buen Vivir”.
Para llevar a cabo, el término “Seguridad Ciudadana como un derecho”, es importante hacer
mención a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, entre los cuales, la
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en su artículo 3, establece el derecho a la
vida, la libertad y la seguridad de la persona. Este derecho es indispensable para el desarrollo
de sociedades estables y prósperas. A medida que aumentan los índices de inseguridad, la
garantía de este derecho se convierte en un desafío para los Estados, quienes tienen el deber de
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proteger a sus ciudadanos. En este sentido, los gobiernos deben implementar políticas que
garanticen la seguridad y, simultáneamente, respeten los derechos humanos fundamentales.
Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) también contempla
disposiciones sobre seguridad. En su artículo 9, se reconoce el derecho de toda persona a la
libertad y a la seguridad personal, prohibiendo la detención arbitraria. Este marco legal
internacional obliga a los Estados a tomar medidas que prevengan la violencia y promuevan la
justicia. No obstante, en regiones donde prevalece el crimen, la implementación de estas
normativas enfrenta retos significativos, lo que incide en la percepción de inseguridad de la
población. Es responsabilidad del Estado garantizar que los esfuerzos de seguridad respeten el
debido proceso y la libertad personal.
En el contexto de la seguridad ciudadana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(1969) refuerza estos principios. Su artículo 4 protege el derecho a la vida, mientras que el
artículo 7 regula la libertad personal y la seguridad. Estos derechos buscan proteger a los
individuos contra abusos de poder y garantizar que el Estado actúe de manera proporcional en
la implementación de políticas de seguridad. Sin embargo, el aumento en los índices de
delincuencia ha impulsado estrategias de seguridad que, en algunos casos, generan tensiones
entre la necesidad de control y el respeto por los derechos individuales.
En esta línea de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009) ha enfatizado
que la seguridad ciudadana debe promoverse sin vulnerar los derechos fundamentales. En sus
informes y recomendaciones, la CIDH señala la importancia de políticas de seguridad que
prioricen la prevención y la rehabilitación sobre la represión. Además, advierte contra el uso
excesivo de la fuerza, que puede deteriorar la confianza pública y aumentar la percepción de
inseguridad. En este contexto, los Estados deben encontrar un equilibrio entre la seguridad
pública y el respeto a los derechos humanos para responder efectivamente a la criminalidad y
la violencia.
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En lo que respecta al ámbito nacional, Constitución de la República del Ecuador (2008), si bien
reconoce una amplia gama de derechos humanos, desde el derecho a la vida e integridad
personal hasta el derecho a la libertad, igualdad, salud, educación y trabajo, que son estos
derechos los que han logrado consolidar y prevalecer gracias a principios tanto individuales
como colectivos, los cuales abarcan diversos ámbitos, incluyendo la economía, la cultura y la
esfera social, permitiendo a las personas gozar de una vida digna y plena.
Es cierto que Ecuador ha avanzado en la promoción y protección de derechos en algunos
entornos sociales. Sin embargo, ante el evidente cambio y evolución que presenta la sociedad,
se enfrenta a desafíos significativos que han dificultado la exigibilidad de los derechos. Este
sería el punto de inflexión más fuerte que existe, en la cual se debería priorizar una sociedad
más justa, equitativa, intercultural y sostenible, misma que busca garantizar la vigencia de los
derechos y principios consagrados en la Constitución, pese a esto, en realidad no se cumple a
cabalidad lo versado en esta ley, como es ser “un Estado Constitucional de derechos, justicia,
social, democrático (...)” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Tal cual lo
establece el artículo 1 de la Constitución.
Por medio del reciente informe Mundial 2024, Ecuador se posiciona entre los países
latinoamericanos con mayor índice de violencia y desde este punto de vista interfiere de manera
directa con los derechos humanos reconocidos en la Constitución (Human Rights Watch, 2023).
Es cuestión del Estado y los ciudadanos en trabajar esas mejoras, ejercer planes de acción para
lograr, aunque sea minimizar las olas de violencia que enfrenta el país, debido a que cada una
de las actividades que ejerce un ecuatoriano se ven afectadas por la inestabilidad del país, aun
así, se puede trabajar en ello, pero se necesita un ambiente colaborativo, de un Estado que
priorice la seguridad y los ciudadanos promuevan sus derechos y la de grupos más vulnerables.
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ESTADO DEL ARTE
Problemáticas generales sobre la inseguridad ciudadana
La situación actual del país es complicada por muchos factores, desglosando algunos de ellos
serían; la desigualdad social y pobreza, según datos proporcionados por el INEC, se exhiben
los resultados de pobreza y desigualdad del mes de diciembre de 2023 obtenidos a partir de la
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo se destacan datos como:
Incidencia de la pobreza por ingreso
Hasta diciembre del 2023, la pobreza por ingreso a nivel nacional era de 26,0%, sin embargo,
no es un aumento alarmante, con 0,8 puntos porcentuales (p.p.) a comparación del 2022. En el
área urbana, la pobreza aumenta estadísticamente 0.6 (p.p.), llevándolo a un 18,4 % hasta lo
que era diciembre del 2023. Por último, en el área rural la pobreza llego al 42,2% en diciembre
2023, estadísticamente serian 1,2 (p.p.) con relación al año anterior.
Incidencia de la pobreza extrema
En cuanto a este índice, según el INEC, el aumento no es significativo, a nivel nacional de 8,2%
en diciembre de 2022 a 9,8% en 2023. En el área urbana, en 2022 la pobreza extrema fue de
3,9 donde para 2023 fue de 3,3% donde se visualiza una disminución no significativa, y en
cuanto al nivel rural paso de 7,4% a 23,7%, a diciembre del 2023 (INEC ECUADOR, 2024).
Los datos del INEC establecen que, hasta diciembre del 2023, no existió un cambio o aumento
alarmante en cuanto a la pobreza, sin embargo, de otros factores dependen mucho el entorno en
general, entre ellas se puede especificar la falta de oportunidades, que según la Encuesta
Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) - Primer Trimestre de 2024, donde
la cobertura geográfica fue Nacional en las área urbana/rural y cinco ciudades principales
(Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala), con una muestra de 27,048 viviendas siendo
su población objetivo las personas de 5 años y más, de ello surgen los siguientes datos:
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I. Tasa de Desempleo: Se observa una leve reducción en la tasa de desempleo del 4.3% en el
último trimestre de 2023 al 4.1% en el primer trimestre de 2024.
II. Tasa de Empleo Adecuado: Aumentó ligeramente del 34.9% en el último trimestre de
2023 al 35.1% en el primer trimestre de 2024.
III. Tasa de Subempleo: Incrementó del 20.0% en el último trimestre de 2023 al 20.5% en
el primer trimestre de 2024 (INEC ECUADOR, 2024).
En efecto, se muestra una señal de mejora en la ligera disminución del desempleo, pero también
aumentó del subempleo, que en términos de la Real Academia Española es prácticamente
“tiempo no completo, retribuido por debajo del mínimo o que no aprovecha completamente la
capacidad del trabajador”, lo que indica que un trabajo fijo y con la remuneración adecuada
para la mediana de la población aún no tiene Ecuador.
En cuanto al Estado, se puede decir que al ser el órgano principal en brindar seguridad y
encontrarse en constante cambio e inestabilidad, ha producido efectos negativos, que
eventualmente perjudican el pleno ejercicio de la justicia y debilidad institucional en la policía
y sistema judicial, factor que juega un papel importante en cuanto a la corrupción y el actual
combate contra el narcotráfico.
Panorama en Ecuador sobre la Inseguridad
Ecuador se ha visto marcado por un aumento significativo en cuanto a la criminalidad y
violencia en los últimos años, especialmente en actos como homicidios, robos y asaltos, que se
presentan frecuentemente en zonas urbanas y portuarias, como Guayaquil, Esmeraldas y Manta,
según los reportes dados por los medios de comunicación del país. Una de sus tantas causales,
se inclinan al narcotráfico y crimen organizado, ubicando a Ecuador como corredor para el
tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, lo cual ha incrementado la presencia de
organizaciones criminales.
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El Observatorio Ecuatoriano de crimen organizado, según su investigación, establece que el
narcotráfico es la principal expresión de crimen organizado en Ecuador, donde tanto las
provincias, las fronteras y el perfil costero se ven afectados e involucrados para el transporte de
drogas por medio de embarcaciones pesqueras, aeronaves en Manabí y Santa Elena, mientras
que en lugares como el Oro y Guayas, se ven influenciados de actividades directas como la
extorsión y la contaminación de contenedores (Ormaza & Contero, 2023).
El lavado de activos, que se encuentra en actividades que se relacionan con las constructoras,
compra y venta de bienes inmuebles, farmacias, vehículos, entre otros, cada uno de estos actos
van de la mano con el tráfico de armas y sus respectivas municiones, lo cual tiene un impacto
negativo en cuanto a la seguridad ciudadana y los derechos humanos, como el derecho a la vida
y libertad de movimiento.
Por último, la corrupción, que, desde varios puntos de vista, es un medio de desarrollo para
estas actividades ilícitas, puesto que las prácticas corruptas en casos como narcotráfico y crimen
organizado generan esa desconfianza en instituciones que deben ser la base para un país seguro,
entre los principales, se menciona a la policía, fiscales y funcionarios del Estado. Como
resultado en el informe del Observatorio Ecuatoriano, se visualiza una percepción de
inseguridad alta, y aunque es notoria, muy pocas veces se denuncian estos delitos, por el miedo
que incurren los golpes de violencia, y por no sentirse seguro de las instituciones que imparten
la justicia.
En efecto, el Estado y los gobiernos de turno han actuado para contrarrestar la inseguridad en
país, como hacer reformas en seguridad y justicia, entre estas fortalecer la Policía Nacional del
Ecuador y mejorar en la coordinación de los planes de seguridad, donde también se han logrado
observar programas de prevención del delito y rehabilitación a los delincuentes. Otra de las
medidas tomadas en varias ocasiones ha sido la declaración de Estado de Excepción, que buscan
controlar la situación, incluyendo el despliegue de fuerzas militares, en colaboración con la
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policía para restaurar un poco el orden en las diferentes zonas más influenciadas por estos
fenómenos delictivos, como es el caso del DICTAMEN 1-24-EE/24
Para analizar la inseguridad ciudadana en Ecuador, hay que conocer los decretos Ejecutivos
110 del 8 de enero de 2024, 111 del 9 de enero de 2024 y 135 del 23 de enero de 2024, y el
dictamen que proviene de ellos. La declaratoria de estado de excepción por la causal de grave
conmoción interna, es fundamentada por el presidente debido a diversos factores, sostiene de
manera explícita que: “la delincuencia organizada opera con actos y eventos violentos, que van
escalando en todo el territorio nacional”, es así como según el Informe Global Contra el
Régimen Organizado Transnacional (2023), posiciona a Ecuador en el décimo puesto del índice
de criminalidad mundial, con una resiliencia estatal disminuida, bajando de 5.7 en 2021 a 4.88
en 2023. Para ilustrar dicha violencia, se mencionan algunos sucesos los cuales son fundamento
tácito sobre la situación del país.
Por ejemplo, que la mayoría de los homicidios son con armas de fuego, debido a la circulación
y uso de estas, el presidente menciona actos como el del 17 de diciembre (Primicias, 2023)
donde se constató el asesinato de tres personas, dos en el kilómetro 14,5 vía Duran – Tambo, y
otra en el centro de Duran en la cooperativa Oramas González, a su vez en Daule la muerte de
un guardia de seguridad, el cual sufrió un asalto y recibió varios impactos de arma de fuego,
que según personas cercanas al señor, habrían sido debido a que reconoció a los delincuentes,
entre otros acontecimientos se toma como referencia el asesinato del exdirigente de fútbol
Fabián Aguilar en Machala, y el asalto a una banda musical entre Quito y Pelileo (Corte
Constitucional del Ecuador, 2024).
Con estos actos, se demuestra el alza de violencia en Ecuador, para lo que el informe de la
Policía Nacional PN-DAI-DAO-2024-014-INF, destaca la gravedad de los homicidios, así
como evidencia la lucha por el control territorial de las rutas de narcotráfico, con la
participación de grupos internacionales como los Rastrojos, Urbareños (ahora Cártel del Golfo),
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Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, y la Mafia Albanesa, uno de tantos los
delitos que identifica el informe de la Policía Nacional es la extorsión como modalidad usada
por los delincuentes para mantener a la población bajo presión, de los cuales se registran 3.188
casos en 2022 y 18.930 hasta diciembre del 2023, dirigidos a cualquier medio productivo y
económico, e inclusive domicilios, intimidando con explosivos, armas de fuego, violencia física
o en algunos casos psicológica.
El Decreto 110 (2024) menciona las investigaciones de la Fiscalía General del Estado en el
"Caso Metástasis" y las operaciones llevadas a cabo el 14 de diciembre de 2023 por esta
institución, evidencia la influencia de grupos organizados transnacionales en varias
instituciones del país, utilizando sobornos, extorsión y corrupción, a su vez el mismo decreto
menciona la evasión del PPL Adolfo M.V., alias “Fito”, del 7 de enero de 2024, y la fuga de
Fabricio Colón Pico, alias “el Salvaje”, líder de Los Lobos, el 9 de enero de 2024, destacando
el riego de estos fugitivos. En cuanto a las cárceles, es de conocimiento se encuentran
influenciadas por los grupos criminales, siendo base de sus operaciones, de las cuales se
destacan motines, violencia y control significativo dentro de los centros de privación de
libertad, el caso arroja 449 muertos en 13 motines entre 2021 y 2023.
Con los hechos expuestos y datos presentados por las diferentes instituciones de seguridad de
Ecuador, se logra justificar la declaratoria de estado de excepción, no solo para mitigar la
violencia en los diferentes puntos del país, sino que también para ejercer control de los CPL, y
dar un plan para garantizar los derechos a la protección de la población ecuatoriana.
Continuando con el análisis del Dictamen de la Corte Constitucional del Ecuador, se toman
puntos del Decreto 111 (2024), que es de vital importancia para conocer sobre el conflicto
armado interno, que es un elemento adicional para la declaratoria de estado de excepción en el
decreto 110. El presidente argumenta de esta manera “índices de violencia crecientes,
penetración del crimen organizado en el tejido social e institucional y actos terroristas que
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atentan contra la seguridad territorial y soberanía del Estado” (Presidencia de la República del
Ecuador, 2024) donde es notorio el hecho de la necesidad del país en recuperar su territorio y
soberanía en materia de seguridad, a ello el estado se fundamenta en el derecho internacional
Humanitario (DIH) buscando un apoyo en las normas que lo rigen para limitar los efectos que
causa el conflicto armado, protegiendo a los ecuatorianos que no participan en ella.
Ahora bien, el informe de la Policía Nacional, describe a los grupos criminales con un “nivel
mínimo de organización” sin embargo se señala que aun así estos grupos tiene la capacidad, de
planificar, coordinar y ejecutar actos de violencia, lo cual es visible, y donde hacen uso de
cualquier tipo de arma que van desde las de fuego o blancas, explosivos, he inclusive
armamento bélico de uso militar exclusivo, según la Policía, entre las organizaciones delictivas
que cumplen con esas características se citan las siguientes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47,
Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos,
Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p. 27, Los Tiburones, Mafia
18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones (Corte Constitucional del Ecuador, 2024).
Como últimos sucesos, el día de la declaratoria por conflicto armado interno, se produjeron
ataques violentos, públicos y notorios, donde se dieron incineraciones de vehículos, explosiones
y secuestros en Quito, reportados por El Universo. El 9 de enero del 2024, se presenció uno de
los actos que más alarmo a los ciudadanos mediante trasmisión en vivo, donde grupos
criminales tomaron de rehenes a los trabajadores de TC, televisión de Guayaquil, esta situación
llevo a los ministerios a tomar medidas de seguridad para que la población se tranquilizara, por
una parte, se suspendieron las clases, y se dictó teletrabajo, con el fin de salvaguardar la vida
de las personas dentro del territorio.
Por último, el decreto 135, del 23 de enero del 2024 establece la limitación de la libertad de
tránsito en las condiciones establecidas en el documento dictado por el presidente de la
República Daniel Noboa, donde también se modificó el horario y se especificó la focalización
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del toque de queda. Todos los hechos alegados, no solo por el presidente, sino que también
ratificados por la Corte Constitucional, evidencian a través de estos eventos ocurridos la
situación de grave conmoción y conflicto armado interno, que entrando un poco más en la
perspectiva de este artículo, es un enfoque a la inseguridad que se palpa en el país, con sucesos
que han hecho de Ecuador un lugar donde no se prevalecen los derechos fundamentales y
necesarios del ciudadano, sino una huida y medidas desesperadas para controlar la situación
compleja que atraviesan los ecuatorianos.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente artículo académico se enfoca en la Inseguridad Ciudadana desde una perspectiva de
Derechos Humanos en Ecuador que, en los últimos tiempos, ha sido un problema que ha
representado un obstáculo significativo tanto para los ciudadanos como para el gobierno, con
un aumento notable en los índices de violencia y delincuencia en la mayoría de las ciudades del
país, entre ellos los más afectados están Guayaquil, Durán, Los Ríos, Manta y Portoviejo, que
en consecuencia a este fenómeno, se ha evidenciado vulneración de los derechos fundamentales
en Ecuador.
A través de este artículo, se pretende concientizar sobre la importancia del respeto a las
garantías constitucionales mediante un análisis exhaustivo de los factores socioeconómicos,
políticos y culturales que contribuyen a la inseguridad. Además, se busca identificar las
principales violaciones a los derechos humanos, y explorar la seguridad ciudadana, según la
Constitución y la protección de los derechos humanos.
Por lo expuesto, el desarrollo de este artículo se sustenta en el tipo de investigación descriptiva,
con enfoque cualitativo, de diseño no experimental, toda vez que se realizó una ilustración
acerca de la realidad del Ecuador, con respecto a la seguridad ciudadana, así como los índices
de inseguridad que actualmente se tienen en el país, esto a través de la técnica de la revisión
bibliográfica-documental, por lo que se recurrió a fuentes de información confiables. De igual
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manera se analizaron los principales Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos,
cuyos artículos guardan relación con la presente temática, así como la Constitución de la
República del Ecuador. Por lo que cabe indicar que no se aplicó ningún reactivo que produjera
modificación alguna de las principales variables que componen el tema.
Acorde a lo anterior, es importante señalar que no se aplicaron métodos estadísticos, toda vez
que las cifras expuestas en este documento, corresponden a las reportadas por las instituciones
del Estado encargadas de administrar los datos en mención. Finalmente, el uso del método
deductivo ayudó a comprender el tema, mediante una pregunta que surgió en conjunto con el
panorama: ¿Cómo afecta la Inseguridad Ciudadana al ejercicio de los derechos humanos?
RESULTADOS
Se exponen los hallazgos derivados del análisis sobre la inseguridad en Ecuador, centrados en
el aumento de la percepción de inseguridad, el impacto sobre derechos fundamentales, la
relación con la desigualdad social, el crimen organizado, y las medidas implementadas por el
Estado, por lo cual en base a lo investigado y el análisis imperativo de los dictámenes de la
Corte Constitucional, se desglosan de la siguiente manera los resultados:
El aumento de la percepción de inseguridad, se ve reflejado en los motivos por los cuales se
dictaron los estados de excepción, a su vez por los acontecimientos que se vivieron el 9 y 7 de
enero del 2024, el mismo dictamen indica datos que demuestran el incremento de homicidios,
robos, extorsiones, y atentados contra la integridad física y psicológica de los ciudadanos.
La inseguridad reflejada, tiene un impacto sobre los derechos fundamentales, puesto que ubica
a los ecuatorianos, en calidad de victimas a una violación directa a la seguridad, libertad y
derecho a la vida, por su puesto en algunas provincias el índice de criminalidad es menor,
comparándose con las zonas urbanas mayor frecuentadas y las portuarias como Guayaquil,
Esmeraldas y Manta.
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En cuanto a los factores expuestos como el índice de pobreza y la tasa de desempleo, se usaron
para conocer el papel que juega ante la desigualdad económica, sin embargo, los resultados del
INEC, no muestran cifras alarmantes, pero en efecto sería algo que considerar en cuanto a la
generación de empleo y disminuir el subempleo, para tratar de alcanzar mejoras en la calidad
de vida.
De esta manera también se constata que la influencia del narcotráfico y crimen organizado, son
detonantes principales en la inseguridad en Ecuador, donde estos grupos antes mencionados, se
disputan el control territorial derivando con ello el aumento de homicidios y actos violentos en
Ecuador similares a los que se toman de ejemplo en el dictamen e informe de la Policía Nacional
PN-DAI-DAO-2024-014-INF, a su vez en varias locaciones del país, los grupos criminales
luchan por el dominio de las rutas de distribución, donde las mismas se utilizan para bases para
el tráfico de drogas, y almacenamiento de armas.
El análisis de los decretos también brinda información relevante, sobre la extorsión y el
secuestro, siendo situaciones que se palpa en el país, donde los medios productivos y
comerciales, son víctimas de la práctica llamada extorsión, donde se exige el pago de una
vacuna a los ciudadanos, que es no es más que una cantidad de dinero para seguir laborando
con normalidad. Y por último el lavado de dinero, que se genera por el narcotráfico y las
cantidades excesivas de activos que necesitan ser blanqueadas, es así como, la exposición de lo
revisado y analizado, muestra con solidez la ausencia de seguridad en el país.
DISCUSIÓN
En función de proporcionar una respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo afecta la
Inseguridad Ciudadana al ejercicio de los derechos humanos?, los resultados evidencian que la
inseguridad ciudadana en Ecuador tiene un impacto significativo en el ejercicio de los derechos
humanos, especialmente en el contexto de desigualdad social y pobreza. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la pobreza por ingresos en áreas rurales
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alcanzó un 42,2% a diciembre de 2023, lo que resalta una marcada vulnerabilidad en estas
comunidades (INEC ECUADOR, 2024). Este panorama se agrava con la falta de oportunidades
laborales adecuadas, identificada en el incremento del subempleo al 20,5% en el primer
trimestre de 2024. Estas condiciones económicas limitan el acceso a derechos fundamentales
como la educación, la salud y una vida digna, creando un círculo vicioso entre la inseguridad
económica y social (Ormaza y Contero, 2023).
El aumento de la criminalidad, como los homicidios y robos en zonas urbanas y portuarias,
refleja la incidencia directa de la inseguridad en el derecho a la vida y la libertad.
Organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico utilizan a Ecuador como corredor para el
transporte de drogas, lo que genera conflictos territoriales y aumenta los índices de violencia
(Corte Constitucional del Ecuador, 2024). La incapacidad del Estado para controlar estos
fenómenos se manifiesta en un sistema judicial débil y en casos de corrupción que comprometen
la seguridad ciudadana. La percepción de inseguridad, alimentada por estos factores, afecta
psicológicamente a la población, vulnerando su derecho a vivir sin miedo (Bautista, 2009).
El lavado de activos y la corrupción institucional exacerban los problemas de inseguridad, lo
que dificulta la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos. Los informes señalan
cómo el narcotráfico influye en sectores como la construcción y el comercio, mientras que la
corrupción institucional permite la impunidad de estos actos ilícitos (Corte Constitucional del
Ecuador, 2024). Este contexto de inseguridad estructural restringe los derechos de los
ciudadanos, generando desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia y
garantizar la seguridad, lo cual perpetúa un ciclo de violencia y exclusión social.
Las respuestas del Estado, como la declaración de estados de excepción y el despliegue de
fuerzas de seguridad, han tenido resultados limitados en la mitigación de la violencia. Si bien
estas medidas buscan restaurar el orden, también han restringido derechos fundamentales como
la libertad de tránsito, evidenciando un equilibrio precario entre la seguridad y los derechos
303
humanos (Presidencia de la República del Ecuador, 2024). La falta de sostenibilidad de estas
estrategias resalta la necesidad de enfoques más integrales que aborden las causas estructurales
de la inseguridad y promuevan la cohesión social y económica.
Fundamentado en lo anterior, la inseguridad ciudadana en Ecuador impacta negativamente en
el ejercicio de los derechos humanos, con raíces profundas en desigualdades económicas,
criminalidad organizada y debilidades institucionales. Este panorama requiere de políticas
públicas sostenibles que combinen medidas de seguridad con estrategias de desarrollo
económico y social. La prevención del delito y la transparencia institucional son fundamentales
para restablecer la confianza ciudadana y garantizar los derechos fundamentales de toda la
población.
RECOMENDACIONES.
1. Reforma a la Constitución, debido que a pesar de que establece términos que se
relacionan con la seguridad ciudadana, pero a fondo, no existe uno que lo priorice,
actualmente es una necesidad y un bien público de los ciudadanos, para desenvolverse
en un entorno tranquilo y en el ejercicio pleno de sus derechos.
2. Reformar de manera estructural el sistema de justicia y seguridad, donde se fortalezcan
las instituciones encargadas de brindar estos servicios, priorizando la lucha por el
narcotráfico, la corrupción y trabajando de manera profesional, justa y segura.
3. Considerando que disminuya la criminalidad, se puede retomar con mayor alcance, la
inversión en el ámbito laboral, productivo y comercial, en vista a lo expuesto por el
INEC, se generan sub empleos, pero no empleos sólidos y formales, que es lo que se
necesita para mejorar las condiciones económicas.
4. Una colaboración ciudadana efectiva, para garantizar una seguridad se necesita el apoyo
mutuo de las partes, Estado y ciudadanos, si el Estado dicta medidas, ayudar en el
304
mantenimiento de la seguridad local, denunciar actividades delictivas y por supuesto,
las instituciones velar por las personas que buscan espacios seguros en Ecuador.
5. Implementar un programa especializado, en abordar la garantía de los derechos
fundamentales, para que los ciudadanos conozcan sobre ello, y también que, con el
mismo programa, se enfoque en las zonas más afectadas por la violencia y criminalidad.
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