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Vol. 8 Num. 18 Suplemento CICA Multidisciplinario
Julio-Diciembre 2024
ASESORAMIENTO LEGAL A COMUNIDADES DEL CANTÓN GUARANDA,
PROVINCIA BOLÍVAR DURANTE LOS AÑOS 2022 - 2024
LEGAL ADVICE TO COMMUNITIES IN THE GUARANDA CANTON, BOLÍVAR
PROVINCE DURING THE YEARS 2022 – 2024
ASSESSORIA JURÍDICA ÀS COMUNIDADES DO CANTÃO GUARANDA,
PROVÍNCIA DE BOLÍVAR DURANTE OS ANOS 2022 - 2024
AUTORES
Antonio Sánchez Smith
1
Autor de correspondencia asanchez@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador
Ronny Núñez Ribadeneyra
2
Email ronny.nuñez@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador
Marcelo Rojas Montero
3
Email marojas@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador
Recibido: 17 de septiembre 2024 Aceptado: 17 de noviembre 2024 Publicado: 25 diciembre 2024
RESUMEN
En la sociedad contemporánea, el acceso a la justicia y el asesoramiento legal se consideran
pilares esenciales para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Sin embargo, existen
comunidades en las que el acceso a estos servicios es limitado o inexistente, perpetuando
desigualdades y situaciones de vulnerabilidad. Ante este panorama, se considera necesario
implementar proyectos de vinculación que acerquen el conocimiento legal a las personas que
más lo necesitan. El objetivo del proyecto es evaluar el nivel de conocimiento legal de las
1
Antonio Sánchez Smith – Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador asanchez@ueb.edu.ec
2
Ronny Núñez Ribadeneyra - Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador ronny.nuñez@ueb.edu.ec
3
Marcelo Rojas Montero – Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador marojas@ueb.edu.ec
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comunidades del Cantón Guaranda, en la Provincia Bolívar, y, a partir de los resultados, diseñar
estrategias que ayuden a reducir las barreras de acceso a la información legal en estas
poblaciones. Se efectuó un estudio con un enfoque cualitativo y cuantitativo de corte
transversal, en el cual se aplicaron encuestas a una muestra de 610 comuneros del Cantón
Guaranda. La metodología incluyó el uso de secuencias explicativas, además de métodos
descriptivos y comparativos, para analizar las diferencias en el conocimiento legal de las
comunidades antes y después de la intervención. Los hallazgos muestran una carencia
significativa de conocimiento legal entre los miembros de las comunidades involucradas en el
proyecto de vinculación, lo cual resalta la importancia de mejorar su acceso a la información
jurídica. Se concluye que el desarrollo de proyectos de vinculación contribuye a reducir las
desigualdades en el acceso a la justicia, fortaleciendo el ejercicio de los derechos ciudadanos
en las comunidades más desfavorecidas.
PALABRAS CLAVE: Asesoramiento legal, Comunidades, desconocimiento, desigualdad,
vulnerables.
ABSTRACT
In contemporary society, access to justice and legal advice are considered essential pillars for
the full exercise of citizens' rights. However, there are communities where access to these
services is limited or nonexistent, perpetuating inequalities and situations of vulnerability. In
light of this situation, it is deemed necessary to implement outreach projects that bring legal
knowledge to those who need it most. The objective of the project is to assess the level of legal
knowledge among the communities in Cantón Guaranda, in the Bolívar Province, and, based
on the results, design strategies that help reduce barriers to legal information access in these
populations. A cross-sectional qualitative and quantitative study was conducted, applying
surveys to a sample of 610 residents of Cantón Guaranda. The methodology included the use
of explanatory sequences, along with descriptive and comparative methods, to analyze
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differences in legal knowledge among communities before and after the intervention. The
findings reveal a significant lack of legal knowledge among the members of the communities
involved in the outreach project, highlighting the importance of improving their access to legal
information. This study concludes that the development of outreach projects contributes to
reducing inequalities in access to justice, strengthening the exercise of citizens' rights in
underserved communities.
KEYWORDS: Legal advice, communities, inequality, project, vulnerable.
RESUMO
Na sociedade contemporânea, o acesso à justiça e ao aconselhamento jurídico são considerados
pilares essenciais para o pleno exercício dos direitos dos cidadãos. No entanto, existem
comunidades onde o acesso a estes serviços é limitado ou inexistente, perpetuando
desigualdades e situações de vulnerabilidade. Diante desta situação, considera-se necessário
implementar projetos de extensão que levem conhecimento jurídico a quem mais precisa. O
objetivo do projeto é avaliar o nível de conhecimento jurídico das comunidades de Cantón
Guaranda, na província de Bolívar, e, a partir dos resultados, traçar estratégias que ajudem a
reduzir as barreiras ao acesso à informação jurídica nessas populações. Foi realizado um estudo
transversal qualitativo e quantitativo, aplicando inquéritos a uma amostra de 610 residentes de
Cantón Guaranda. A metodologia incluiu o uso de sequências explicativas, juntamente com
métodos descritivos e comparativos, para analisar diferenças no conhecimento jurídico entre as
comunidades antes e depois da intervenção. As conclusões revelam uma falta significativa de
conhecimento jurídico entre os membros das comunidades envolvidas no projecto de extensão,
destacando a importância de melhorar o seu acesso à informação jurídica. Este estudo conclui
que o desenvolvimento de projetos de extensão contribui para reduzir as desigualdades no
acesso à justiça, fortalecendo o exercício dos direitos dos cidadãos em comunidades
desfavorecidas.
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PALAVRAS-CHAVE: Assessoria jurídica, comunidades, desigualdade, projeto, vulneráveis.
INTRODUCCIÓN
Las Universidades ecuatorianas han definido dentro de sus funciones su vinculación con la
sociedad como una de las tareas principales, con el objetivo de aportar en la solución de los
problemas primordiales de la sociedad; interrelacionando los procesos propios de la institución
de educación superior, con la dinámica de las organizaciones sociales, institucionales y
comunidad en general. En el año 2019 se aprueba el Estatuto de la Universidad Estatal de
Bolívar y se crea la Dirección de Investigación y Vinculación (DIVIUEB). El 25 de enero de
2022 fueron aprobados el Sistema de Vinculación y el Reglamento de Vinculación y ambos se
encuentran vigentes; estos son los que determinan la política en procesos de vinculación con la
sociedad. Con fecha 29 de septiembre de 2022, el Consejo Universitario, aprueba el plan de
vinculación con la sociedad de la Universidad Estatal de Bolívar, cuyo objetivo es promover la
vinculación universitaria a través de una línea sostenida de proyectos de índole social,
productivo, ambiental y cultural; mediante el comportamiento y transferencia de conocimientos
a la sociedad en articulación con entidades del sector público y privadas. En el transcurso del
desarrollo institucional se ha ido incrementando la participación de actores en el desarrollo de
la actividad de vinculación, planteándose proyectos y programas multidisciplinarios, que han
tenido como objetivo conocer las necesidades más acuciantes de la comunidad, para
implementar la cooperación a estos habitantes y mejorar su calidad de vida. Esta actividad ha
dado la posibilidad de establecer un vínculo directo de cooperación e intercambio de
conocimientos en las diferentes comunas, lo cual ha permitido mediante las actividades
realizadas por los estudiantes, el desarrollo en la formación profesional de los mismos y una
aceptación por parte de las organizaciones y comunidades.
La Implementación de los Programas de formación en los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, mediante procesos de asesoramiento Legal, que permita una mejor relación en las
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familias de las comunidades del Cantón Guaranda, en la Provincia de Bolívar, ha tenido como
objetivo ofrecer atención para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias afiliadas a
estas comunidades, atendiendo al artículo 193 de la Constitución de la República del Ecuador
que establece que las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las
universidades, organizarán y mantendrán servicios de defensa y asesoría jurídica a personas de
escasos recursos económicos y grupos que requieran atención prioritaria.
Los consultorios jurídicos gratuitos son una parte fundamental de la red complementaria de la
defensoría Pública, ofreciendo servicios de Asesoría Legal y representación sin costo para
aquellas personas que se encuentren en estado de indefensión o condiciones económicas, social,
cultural, que no puedan contar con una defensa técnica, eficiente, capaz para la protección de
sus derechos. La puesta en ejecución y desarrollo de los Consultorios Jurídicos de la Facultad
de Jurisprudencias Ciencias Sociales y Políticas, de la Universidad Estatal de Bolívar, en San
Miguel el 12 de marzo de 2014 y Guaranda el 6 de enero de 2009, aprobado por la Defensoría
Pública, ha permitido el acercamiento directo, mediante el asesoramiento gratuito a personas
pertenecientes a comunidades indígenas, y servido además de referente en las asesorías de
vinculación a los miembros de las comunidades.
Es importante conocer que la Constitución de la República del Ecuador (2008), en su Artículo
35, expresa: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades
catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos
público y privado (...)”. En este sentido el estado debe proponer y ejecutar políticas efectivas
para la protección a las personas en condición de alta vulnerabilidad.
Visto de este modo, algunas comunas en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de sus
afiliados, junto al colectivo de vinculación de la UEB, proponen este tipo de programas de
enfoque multidisciplinario, construido sobre uno de los tres ejes principales: Promover el
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desarrollo humano, alineado al proyecto con el objetivo de desarrollo sostenible: Paz, justicia e
instituciones sólidas, a través de la formación en el área legal, como la elaboración de
reglamentos, asesoramiento sobre los derechos de los niños y adolescentes, violencia
intrafamiliar, herencia de tierra, servidumbre y otras de relevancia.
La calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar de existencia, en el
contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos,
sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto que está condicionado a
la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones
sociales, así como su relación con el entorno. Mejorar la calidad de vida significa satisfacer las
necesidades materiales básicas y espirituales, potenciar las capacidades humanas, la libertad, el
ejercicio de los derechos, la participación, el cuidado de los recursos naturales, de los
ecosistemas, además del reconocimiento y respeto a la diversidad. En el concepto dado por
(Ardila. R. 2003. P s/n) “Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la
realización de las potencialidades de la persona”
Los proyectos han permitido la promoción del desarrollo humano, a través de la formación en
temas legales, por ende, algunas organizaciones trabajan sin tener un reglamento que agilice su
operatividad; por otra parte, hay madres de familia que desconocen sus herencias y propiedades,
así como los derechos y obligaciones hacia las mismas, haciéndolas más vulnerables en la
sociedad bolivarense. Es por ello que al desconocer estos derechos y obligaciones hacen que no
exijan a sus progenitores y/o personas responsables de dotarlos de sus beneficios y no cumplan
con lo establecido en las disposiciones legales.
Estos programas son pertinentes para los estudiantes de derecho, puesto que dentro de la malla
curricular tienen como asignatura, Práctica de Servicio Comunitario, en séptimo ciclo de la
Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de la
Universidad Estatal de Bolívar, para lo cual deben ejecutar un proyecto de vinculación con
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96 horas de cumplimiento del cronograma de ejecución, y como resultado del mismo reciben
una puntuación para aprobar, que debe ser igual o superior a los 7 puntos y como nota máxima
10 puntos. Además, dichos estudiantes tienen los conocimientos necesarios para compartir con
la población objeto de esta tarea y asesorar en asuntos legales de su interés.
Es factible la ejecución de estos programas, puesto que se dispone de los recursos materiales y
económicos necesarios para solventar los gastos que demande el programa, así como hay el
suficiente Talento Humano para su puesta en marcha.
Por su parte, madres de familia que son de bajos recursos económicos y presa fácil de sus
parejas, no exigen los derechos de los niños, adolescentes y personas con discapacidad, respecto
del pago de las pensiones alimenticias y los padres buscan artimañas para evadir el pago,
perjudicando de esta manera a los beneficiarios directos de las pensiones.
Guaranda no es la excepción de estos temas, de acuerdo al Centro Ecuatoriano de Promoción y
Apoyo a la Mujer (CEPAM), radicado en la ciudad de Guayaquil, en el país existe un alto índice
de violencia o maltrato, predominando una cultura patriarcal y machista en la que prepondera
la opinión y el criterio del hombre.
Otro de los problemas arraigados en la provincia es el exceso de consumo de alcohol, desempleo
y el machismo, desencadenando en el maltrato a la pareja, visualizando claramente que la
sociedad bolivarense asume este tipo de castigo como un razonamiento aceptable por muchas
familias, como un elemento de disciplina y no de violencia, siendo el maltrato consecuencia de
la infidelidad o celos, e indefensión de los menores.
Las comunidades que han sido beneficiadas con la ejecución de este tipo de proyecto de
Asesoramiento Legal, son: Larkapamba, Joyocoto y Chalata Bajo, todas perteneciente al
Cantón Guaranda, provincia Bolívar, a las cuales se les ha dado orientación legal sobre temas
de su interés, y que transcurren entre la tipificación de algunos delitos y contravenciones
relacionado con la violencia intrafamiliar, hasta el procedimiento para exigir sus derechos.
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El trabajo se basa en la hipótesis sobre si “La implementación de asesoramiento legal en las
comunidades del Cantón Guaranda reducirá- significativamente el desconocimiento en temas
legales críticos como violencia intrafamiliar, derechos de menores y herencia”; dentro de este
planteamiento conocer ¿Cuál es el nivel de conocimiento legal de los comuneros antes de la
intervención?, ¿Qué temas legales generan mayor interés y necesidad de orientación en las
comunidades? y ¿Qué cambios en el conocimiento y percepción legal se observan tras la
intervención?
El trabajo que se expone tiene por objetivo explicar la implementación del asesoramiento en
asuntos legales a las familias de las comunidades del Cantón Guaranda, para lo cual fue
necesario determinar las necesidades más acuciantes para poder iniciar el proceso de
asesoramiento en temas que afectan de manera directa a esas comunidades.
“La implementación de asesoramiento legal en las comunidades del Cantón Guaranda reduce
significativamente el desconocimiento en temas legales críticos como violencia intrafamiliar,
derechos de menores y herencia”.
Estado del Arte
Según Porras (2011), “son los Estados los encargados de eliminar cada barrera que impida el
acceso de las personas a la justicia; pues, de manera reiterativa se ha señalado la obligatoriedad
que tienen los Estados de amparar los derechos fundamentales de cada ciudadano. La
materialidad del derecho de acceso a la justicia se verá plasmada entonces en los resultados del
engranaje creado por cada Estado, para garantizar a todas las personas sin excepción alguna el
acceso a la justicia” (p. 24).
Por lo tanto, el papel esencial del Estado es la eliminación de obstáculos que limitan el acceso
a la justicia, sobre todo para poblaciones vulnerables y la obligación del Estado de crear y
mantener sistemas que garanticen una defensa equitativa de los derechos, lo cual es
especialmente importante en contextos rurales como el de Guaranda, donde existen necesidades
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legales no atendidas.
Para Cappelletti y Garth (1996), el acceso efectivo a los derechos y las garantías ciudadanas
debe reconocerse como un elemento fundamental para la aplicación de los derechos
individuales y sociales. Señalan que “el solo hecho de adquirirlos carece de sentido si no
contamos con mecanismos que contribuyan a su eficaz aplicación” (pp. 12-13).
El reconocimiento formal de los derechos no basta; es necesario que existan mecanismos que
permitan su aplicación real y efectiva. El acceso a la justicia es uno de los derechos humanos
más fundamentales y un requisito para que un sistema jurídico sea verdaderamente equitativo,
algo que es relevante para el desarrollo de programas de asesoría legal en áreas con acceso
limitado.
El asesoramiento legal en comunidades rurales ha sido un tema de creciente interés,
especialmente en América Latina, donde existen amplias zonas rurales con acceso limitado a
servicios jurídicos. En Ecuador, el marco constitucional establece la obligación de brindar
acceso a la justicia para poblaciones vulnerables, esfuerzo que se materializa a través de los
consultorios jurídicos gratuitos, que funcionan como una extensión de las facultades de derecho
de diversas universidades, proporcionando asesoramiento y representación legal sin costo para
personas de escasos recursos (Defensoría Pública, 2021).
Según Gargarella (2004), existen ciertas barreras comunes que dificultan el acceso a la justicia
para grupos económicamente desfavorecidos; menciona que estas barreras incluyen “la falta de
información de los ciudadanos referente a aquellos derechos de los que son titulares, la falta de
recursos económicos con los que cuentan quienes se encuentran inmersos en procesos judiciales
y el desconocimiento de aquellas instituciones que son las encargadas de brindar una asistencia
jurídica de carácter gratuito”. Es decir, el acceso limitado no solo está vinculado a la falta de
recursos económicos, sino también a la desinformación y la poca visibilidad de los servicios de
asistencia, abriendo la necesidad de programas de difusión y educación legal para que las
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personas conozcan sus derechos y puedan acceder a ellos de forma efectiva, lo cual es crucial
para comunidades como las de Guaranda.
Para Vargas (2015), en su tesis sobre la reforma del código orgánico de la función judicial,
menciona que es fundamental “considerar esta propuesta de normativa en lo referente a la
atención a usuarios de los Consultorios Jurídicos Gratuitos”, pues se constató la “poca
información sobre la existencia de estos consultorios jurídicos gratuitos” (p. 63). Vargas sugiere
que la falta de visibilidad de estos servicios limita su eficacia, resaltando la importancia de
difundirlos adecuadamente para democratizar el acceso a la justicia; una estrategia de
comunicación podría mejorar la accesibilidad de los consultorios y, por ende, beneficiar a un
mayor número de personas, especialmente en áreas rurales que requieren de estos servicios.
Diversos estudios destacan la importancia de la asesoría jurídica en comunidades rurales.
Pizarro (2001) afirma que “la falta de conocimiento sobre derechos y procedimientos legales
incrementa la vulnerabilidad de las personas en contextos rurales, limitando su capacidad de
defensa en conflictos relacionados con derechos familiares, propiedad y abuso” (p. 7).
La idea de que la falta de asesoría legal debilita la protección de los derechos en comunidades
con menor acceso a servicios básicos, la información proporciona una base teórica que respalda
la necesidad de programas de asesoría jurídica gratuita, como los consultorios en Ecuador, que
abordan esta carencia para reducir la vulnerabilidad de los habitantes rurales.
Sin embargo, Böhmer (2004) indica que la falta de difusión y visibilidad de los consultorios
jurídicos gratuitos limita su alcance, en vista de que “muchas personas desconocen la existencia
y funciones de los consultorios” en Ecuador; esto señala la necesidad urgente de una estrategia
de sensibilización que incremente el conocimiento y la confianza en estos servicios. Böhmer
destaca que mejorar la visibilidad de estos servicios no solo aumentaría su utilización, sino
también la percepción de accesibilidad y equidad en la justicia.
Finalmente, Alcívar et al. (2012) señalan que el asesoramiento legal en comunidades rurales ha
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comenzado a adoptar enfoques multidisciplinarios que integran la orientación legal con la
educación en derechos humanos y prevención de conflictos familiares; este enfoque, señalan,
“fomenta un conocimiento integral de derechos y deberes, especialmente en comunidades
donde persiste una cultura patriarcal que dificulta la equidad y el ejercicio de los derechos” (p.
6).
La importancia de abordar el asesoramiento desde una perspectiva más amplia que incluya la
prevención y la educación en derechos humanos, para promover un cambio en la percepción y
el ejercicio de los derechos en comunidades donde la cultura patriarcal puede limitar su
aplicación.
Marco histórico
El asesoramiento legal en comunidades rurales en Ecuador tiene sus raíces en esfuerzos
internacionales y nacionales de promover el acceso universal a la justicia y reducir las
desigualdades, este desarrollo ha estado influenciado por cambios en la legislación, la creación
de instituciones de apoyo y el reconocimiento de los derechos fundamentales en contextos
vulnerables, especialmente en áreas rurales y de escasos recursos.
En las décadas de 1970 y 1980, se reconoció en América Latina la necesidad de ampliar el
acceso a la justicia, especialmente para poblaciones marginadas. Durante este periodo, los
sistemas judiciales latinoamericanos enfrentaban importantes limitaciones de cobertura, lo cual
resultaba en que gran parte de la población rural y de bajos ingresos no tuviera acceso a servicios
jurídicos. La creación de consultorios jurídicos gratuitos fue una de las primeras medidas
adoptadas para paliar estas limitaciones, y las universidades comenzaron a involucrarse en
proyectos de asesoría legal gratuita como parte de su compromiso social.
Con la Constitución de 1998 en Ecuador, se estableció un compromiso más firme con los
derechos humanos y el acceso a la justicia. Este documento incorporó derechos de asistencia y
defensa legal para personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo una mayor equidad en
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el sistema de justicia; a partir de entonces, se empezó a implementar el concepto de consultorios
jurídicos gratuitos, especialmente en colaboración con las universidades, para que las personas
de bajos recursos pudieran acceder a orientación y defensa legal.
En el II Informe sobre Derechos Humanos el Dr. Guillermo Escobar referente a la defensoría
del pueblo en Ecuador manifiesta lo siguiente… “es una institución ubicada entre el estado y la
sociedad civil, de rango constitucional y de derecho público, cuyos fines primordiales son la
aplicación de las garantías constitucionales la tutela de los derechos humanos y la observancia
de la calidad de los servicios públicos” (Escobar, 2004, pág. 338).
Finalmente, la Constitución de 2008 representó un hito importante en el marco de derechos en
Ecuador, reconociendo explícitamente el derecho al acceso a la justicia para todos los
ciudadanos, sin discriminación económica o social; esta Constitución establece que las
universidades deben ofrecer servicios de asesoramiento y defensa legal gratuita a poblaciones
vulnerables, como parte de su labor de vinculación con la sociedad. En este contexto, la
universidad en la provincia de Bolívar fortaleció su consultorio jurídico gratuitos, extendiendo
su presencia a comunidades rurales, como las del Cantón Guaranda.
A partir de 2009, se consolidaron los consultorios jurídicos gratuitos como parte de la política
pública de acceso a la justicia en Ecuador, con el respaldo de la Defensoría Pública y en
colaboración con diversas facultades de derecho. En la provincia de Bolívar, los consultorios
se establecieron en ciudades clave, como Guaranda y San Miguel, ampliando su cobertura a
zonas rurales donde la necesidad de servicios legales era urgente. Estos consultorios
comenzaron a ofrecer asesoramiento en temas prioritarios como derechos de menores, violencia
intrafamiliar y herencia de tierras.
Con la promulgación del Código Orgánico de la Función Judicial en 2011, los consultorios
jurídicos gratuitos adquirieron un papel aún más relevante, al establecerse la obligatoriedad de
que las universidades, en colaboración con la Defensoría Pública, brinden asesoramiento y
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defensa legal gratuita a las personas de escasos recursos. Este marco normativo fortaleció la
estructura de los consultorios en Ecuador, y permitió que el asesoramiento jurídico gratuito en
zonas rurales, como las del Cantón Guaranda, se volviera una herramienta crucial para reducir
la desigualdad en el acceso a la justicia.
Entonces los consultorios jurídicos gratuitos ayudan a garantizar que las personas con bajos
recursos socioeconómicos tengan acceso a la justicia (Recalde et al., 2017). Además, estos
espacios permiten que los estudiantes de derecho interactúen con la realidad, con miembros de
la comunidad y casos específicos, lo que les brinda la oportunidad de recibir una formación más
completa y comprometida con la sociedad (Duque Quintero y González Agudelo, 2008; Duque
Quintero et al., 2012).
Marco Conceptual
Para Medina (2024), “el asesoramiento es un proceso mediante el cual una persona brinda
orientación, consejo y apoyo a otra en una determinada área o tema”, en este sentido, el
asesoramiento no se limita a la transmisión de información, sino que también implica la
comprensión del contexto del asesorado para ofrecerle soluciones adaptadas y efectivas. Este
enfoque destaca la importancia de que el asesor conozca y respete las necesidades individuales,
lo que contribuye a que el asesorado se sienta apoyado en su proceso de toma de decisiones.
En una definición más especializada, Sage (2023) define “la Asesoría Legal como el servicio
que proporciona información y orientación para resolver asuntos relacionados con la aplicación
de normativas, leyes y reglamentos en diversas ramas del Derecho”; Este concepto amplía el
papel de la asesoría Legal al abarcar no solo la interpretación de leyes, sino también la
aplicación práctica de las normativas a la situación específica del consultante. Así, la Asesoría
Legal se convierte en una herramienta fundamental para que las personas puedan defender sus
derechos y cumplir con sus obligaciones legales, además de ser un soporte esencial en la
resolución de conflictos y la protección de los derechos.
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Además, C (2024) menciona que los Consultorios Jurídicos Gratuitos forman parte fundamental
de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública, estos consultorios brindan servicios
de patrocinio y asesoría jurídica sin costo a personas que, por su condición de vulnerabilidad
económica, social o cultural, no pueden acceder a una defensa particular para proteger sus
derechos. Este servicio desempeña un papel clave en la democratización de la justicia, por ende,
asegura que aquellas personas en situaciones de indefensión tengan acceso a una defensa
adecuada, contribuyendo así a la reducción de desigualdades en el acceso a la justicia. De este
modo, los consultorios jurídicos gratuitos representan un mecanismo indispensable para la
protección de los derechos fundamentales de las personas en condición de vulnerabilidad,
fortaleciendo el rol del Estado como garante de justicia para todos sus ciudadanos.
Ortega (2024) “La estadística descriptiva es fundamental en investigaciones que buscan
caracterizar y resumir los datos de una muestra, permitiendo identificar patrones y tendencias
sin necesidad de hacer inferencias a una población mayor"
Aplicada al proyecto de asesoría legal en Guaranda, la perspectiva de Freire refuerza la idea de
que la educación legal y el trabajo comunitario deben fomentar la autonomía y empoderamiento
de las comunidades, superando las barreras de desigualdad social y fortaleciendo los derechos
ciudadanos.
Samaniego. (2023): "El enfoque mixto permite combinar las fortalezas del método cuantitativo
y el cualitativo, ofreciendo una comprensión más completa del problema de investigación
mediante la integración de datos numéricos y contextuales"
Este contexto es directamente aplicable al estudio en Guaranda, donde las comunidades rurales,
por falta de información y recursos, suelen quedar en situación de vulnerabilidad, subrayando
así la importancia de proyectos de asesoría jurídica gratuita.
280
MATERIALES Y MÉTODOS
En esta investigación se aplicó una estadística descriptiva para analizar los datos obtenidos
mediante encuestas, enfocándose en caracterizar la situación y las percepciones de los
comuneros respecto a la asesoría legal en sus comunidades. El estudio se llevó a cabo bajo un
enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), en un diseño secuencial explicativo, con el objeto de
que los datos cuantitativos iniciales proporcionaron una base para profundizar en aspectos
específicos a través de entrevistas cualitativas.
El alcance de la investigación es descriptivo y explicativo. En el aspecto descriptivo, se
identificaron patrones en la frecuencia y la percepción del asesoramiento legal recibido por los
comuneros; en el explicativo, se analizó el impacto y los resultados percibidos de dicha asesoría.
La investigación se realizó bajo un diseño no experimental y transversal, sin manipulación de
variables y con una recolección de datos en un único punto en el tiempo.
Se emplearon métodos analítico y sintético: el primero permitió descomponer los datos para su
análisis individual mediante técnicas estadísticas y temáticas; el segundo integró estos hallazgos
cuantitativos y cualitativos para obtener una visión integral de los resultados. Las técnicas de
recolección incluyeron encuestas cuantitativas para obtener datos generales y entrevistas
cualitativas que profundizaron en las opiniones de los comuneros sobre el impacto del
asesoramiento legal.
La muestra estuvo compuesta por 610 comuneros de tres comunidades del cantón Guaranda,
quienes aceptaron voluntariamente participar en el estudio, garantizando el consentimiento
informado y la confidencialidad de los datos en cada fase del proceso investigativo.
RESULTADOS
Las principales necesidades de asesoramiento legal que tienen las comunidades objeto de la
vinculación con la comunidad, son en temas referidos a herencia de tierras, derechos de los
niños y adolescentes y violencia intrafamiliar. El trabajo realizado con las comunidades
281
permitió que se realizará de forma preventiva un asesoramiento legal a los miembros de estos
pueblos originarios, en temas apremiantes para estas familias.
Es de destacar que el estado ecuatoriano desde la propia Constitución de la República, con la
inclusión del artículo 35, ha promovido y ejecutado políticas efectivas para la protección a las
personas en condición de alta vulnerabilidad. Además, el propio cuerpo legal establece en el
artículo 193, que las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las
universidades, organizan y mantendrán servicios de defensa y asesoría jurídica a personas de
escasos recursos económicos y grupos que requieran atención prioritaria, siendo estos artículos
los que han servido de base legal e inspiración para la puesta en marcha de los diferentes
proyectos de vinculación con las comunidades.
Por otra parte, la puesta en ejecución y desarrollo de los Consultorios Jurídicos de la Facultad
de Jurisprudencias Ciencias Sociales y Políticas, de la Universidad Estatal de Bolívar, en San
Miguel el 12 de marzo de 2014 y Guaranda el 6 de enero de 2009, aprobado por la Defensoría
Pública, ha permitido el acercamiento directo, mediante el asesoramiento gratuito a personas
pertenecientes a comunidades indígenas, y servido además de referente en las asesorías de
vinculación a los miembros de las comunidades.
DISCUSIÓN
Estos resultados subrayan la importancia de los servicios legales a comunidades rurales como
las del Cantón Guaranda, las que suelen estar marginadas al acceso a la justicia. La falta de
conocimiento de derechos perpetúa situaciones de vulnerabilidad en las que las personas no
pueden defenderse adecuadamente.
¿Cuál es el nivel de conocimiento legal de los comuneros antes de la intervención?, al realizar
las encuestas antes de la intervención para medir el nivel de conocimiento en temas legales
específicos, se evidencia que las personas que habitan en dicha comunidad tienen un
desconocimiento sobre temas jurídicos y el proceder a dónde acudir en el caso de existir un
282
conflicto, estos resultados sirvieron para continuar con el proceso de capacitación en estos
temas, solventando sus dudas al momento de recopilar la información y realizar un análisis se
considera que el 96% de los comuneros desconocen de estos temas, y no han recibido
capacitaciones previas, este vacío de conocimiento legal no solo implica una carencia de
herramientas para resolver sus conflictos, existiendo un 4% de los comuneros que tienen algún
conocimiento al respecto, siendo insuficiente el nivel de conocimiento legales.
¿Qué temas legales generan mayor interés y necesidad de orientación en las comunidades? los
temas que se identificaron de mayor interés fueron los derechos de los niños niñas y
adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, violencia intrafamiliar y
herencia de tierras. El asesoramiento a las comunidades permite que los comuneros conozcan
sus derechos y obligaciones, así como las instituciones a las que pueden acudir para hacer valer
sus reclamos. Este proceso de orientación ha sido clave para informarles que los consultorios
jurídicos gratuitos de la UEB son una opción accesible, lo que ha generado un aumento en la
demanda de estos servicios por parte de la comunidad rural.
¿Qué cambios en el conocimiento y percepción legal se observan tras la intervención? la alta
demanda y el impacto positivo observados sugieren la necesidad de expandir y fortalecer este
tipo de programas. Invertir en recursos adicionales y en estrategias de sensibilización continua
podría incrementar el alcance y la efectividad del asesoramiento legal en otras comunidades de
la provincia Bolívar. La intervención no solo mejora el conocimiento legal, sino que también
genera una transformación cultural hacia el reconocimiento y respeto de derechos,
especialmente en contextos donde el patriarcado y las dinámicas tradicionales limitan la
equidad y el acceso a la justicia.
El éxito de este proyecto resalta el papel de los consultorios jurídicos gratuitos en democratizar
el acceso a la justicia, confirmando que iniciativas como estas son fundamentales para
empoderar a los comuneros en la defensa de sus derechos.
283
CONCLUSIONES
El programa de asesoramiento legal implementado en las comunidades del Cantón Guaranda
ha logrado avances significativos en la reducción de la brecha de conocimiento sobre derechos
y procedimientos legales esenciales; al evaluar la situación inicial, se observó que el 96% de
los comuneros no habían recibido orientación jurídica previa, lo que los dejaba en una posición
de vulnerabilidad ante problemas familiares y patrimoniales. Con la intervención, se logró no
solo incrementar el acceso a información legal, sino también empoderar a los comuneros con
conocimientos fundamentales que les permitirán defender sus derechos en temas prioritarios
como herencia de tierras, violencia intrafamiliar y derechos de los menores, este acceso al
conocimiento jurídico no solo es una herramienta de defensa personal, sino también un
mecanismo para fortalecer la cohesión familiar y reducir conflictos internos, mejorando la
calidad de vida y la percepción de seguridad legal en las comunidades.
El impacto de este proyecto ha evidenciado el valor de los consultorios jurídicos gratuitos como
un recurso indispensable para democratizar la justicia en zonas rurales y de difícil acceso, donde
el conocimiento legal suele ser limitado. La experiencia de este programa resalta la necesidad
de continuar fortaleciendo y expandiendo el asesoramiento legal a otras comunidades de la
provincia Bolívar, promoviendo un modelo sostenible que asegure el acceso continuo a la
orientación jurídica. Para maximizar el alcance de este impacto positivo, es fundamental
consolidar el programa mediante la capacitación permanente de los comuneros, la
sensibilización en derechos y la creación de una red de apoyo que mantenga una relación
estrecha entre los consultorios jurídicos y las comunidades. Al reducir el desconocimiento legal,
el proyecto ha dado un primer paso hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde cada
ciudadano, sin importar su ubicación o condición, pueda conocer y defender sus derechos,
contribuyendo así a construir una comunidad más equitativa y consciente de sus deberes y
derechos legales.
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RECOMENDACIONES
Implementar mecanismos de evaluación y retroalimentación continua, para fomentar el
conocimiento legal en las comunidades del Cantón Guaranda y de esta forma resolver
problemas legales y conocer sus derecho y deberes en asuntos de herencia de tierras, violencia
intrafamiliar, atención a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.
Se recomienda fortalecer el programa de asesoramiento legal a las comunidades, evidenciado
por el aumento significativo de la población rural que busca los servicios de los Consultorios
Jurídicos Gratuitos de la Carrera de Derecho, para maximizar este impacto positivo, se sugiere
implementar una bitácora en la que se detalle la procedencia de los usuarios que pidan
asesoramiento legal.
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