Vol .10. Núm. 21 Suplemento CICA Multidisciplinario  
Enero – junio 2026  
ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN  
FRENTE A LAAMENAZA DE DESLIZAMIENTOS EN EL CANTÓN ALAUSÍ,  
CHIMBORAZO 2025  
ANALYSIS OF THE SOCIOECONOMIC VULNERABILITY OF THE POPULATION TO  
THE THREAT OF LANDSLIDES IN THE ALAUSÍ CANTON, CHIMBORAZO 2025  
ANÁLISE DA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA POPULAÇÃO À AMEAÇA  
DE DESLIZAMENTOS DE TERRA NO CANTON DE ALAUSÍ, CHIMBORAZO 2025  
AUTORAS  
Ana Verónica Guambo Lema1 Autor de correspondencia ana.guambo@ueb.edu.ec  
Universidad Estatal de Bolivar Guaranda – Ecuador  
María Transito Vallejo Ilijama2 Autor de correspondencia mvallejo@ueb.edu.ec  
Universidad Estatal de Bolívar Guaranda – Ecuador  
Recibido:2 febrero 2026 Aprobado:18 de marzo de 2026 Publicado: 20 de junio 2026  
RESUMEN  
La vulnerabilidad socioeconómica constituye un factor determinante en la configuración del  
riesgo de desastres en territorios andinos con altos niveles de pobreza estructural. El presente  
estudio analizó la vulnerabilidad socioeconómica de la población del cantón Alausí, provincia  
de Chimborazo, frente a la amenaza de deslizamientos durante el año 2025. Se implementó un  
diseño no experimental de corte transversal con alcance descriptivo-correlacional y enfoque  
1 Ana Verónica Guambo Lema https://orcid.org/0009-0009-6531-1268 ana.guambo@ueb.edu.ec Universidad  
Estatal de Bolivar Guaranda – Ecuador  
2 María Transito Vallejo Ilijama https://orcid.org/0000-0002-8757-2452 mvallejo@ueb.edu.ec Universidad Estatal  
de Bolivar Guaranda – Ecuador  
134  
mixto, aplicando 315 encuestas estructuradas a hogares ubicados en zonas de alta  
susceptibilidad geomorfológica. Se construyó un Índice de Vulnerabilidad Socioeconómica  
(IVSE) compuesto por cinco dimensiones: económica, educativa, habitacional, servicios  
básicos y organizacional-institucional. Los resultados evidencian que el 90,9% de los hogares  
presenta niveles de vulnerabilidad media o alta, siendo la dimensión económica la más crítica,  
con un índice de 0,770, lo que refleja la concentración de pobreza de ingresos, informalidad  
laboral y dependencia de actividades agropecuarias directamente expuestas a los efectos de los  
deslizamientos. Se concluye que el riesgo en Alausí constituye una construcción social  
determinada por condiciones estructurales de pobreza y exclusión, que demanda intervenciones  
integrales capaces de articular la gestión del riesgo con el desarrollo territorial sostenible.  
PALABRAS CLAVE: vulnerabilidad socioeconómica, deslizamientos, gestión del riesgo,  
Alausí, Chimborazo, Ecuador.  
ABSTRACT  
Socioeconomic vulnerability constitutes a determining factor in the configuration of disaster  
risk in Andean territories with high levels of structural poverty. This study analyzed the  
socioeconomic vulnerability of the population of Alausí canton, Chimborazo province, in  
relation to landslide hazards during 2025. A non-experimental cross-sectional design with  
descriptive-correlational scope and mixed-methods approach was implemented, applying 315  
structured surveys to households located in areas of high geomorphological susceptibility. A  
Socioeconomic Vulnerability Index (SVEI) was constructed comprising five dimensions:  
economic, educational, housing, basic services, and organizational-institutional. Results show  
that 90.9% of households present medium or high vulnerability levels, with the economic  
dimension being the most critical, recording an index of 0.770, which reflects the concentration  
of income poverty, labor informality, and dependence on agricultural activities directly exposed  
135  
to the effects of landslides. It is concluded that landslide risk in Alausí constitutes a social  
construction determined by structural conditions of poverty and exclusion, demanding  
comprehensive interventions capable of articulating disaster risk management with sustainable  
territorial development.  
KEYWORDS:  
socioeconomic  
vulnerability, landslides,  
risk  
management, Alausí,  
Chimborazo, Ecuador  
RESUMO  
A vulnerabilidade socioeconômica é um fator determinante na configuração do risco de  
desastres em territórios andinos com altos níveis de pobreza estrutural. Este estudo analisou a  
vulnerabilidade socioeconômica da população do cantão de Alausí, província de Chimborazo,  
à ameaça de deslizamentos de terra em 2025. Foi implementado um delineamento transversal  
não experimental, com escopo descritivo-correlacional e abordagem de métodos mistos,  
aplicando 315 questionários estruturados a domicílios localizados em áreas de alta  
suscetibilidade geomorfológica. Foi construído um Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica  
(IVSE), composto por cinco dimensões: econômica, educacional, habitacional, serviços básicos  
e organizacional-institucional. Os resultados mostram que 90,9% dos domicílios apresentam  
níveis médios ou altos de vulnerabilidade, sendo a dimensão econômica a mais crítica, com  
índice de 0,770. Isso reflete a concentração de pobreza de renda, emprego informal e  
dependência de atividades agrícolas diretamente expostas aos efeitos de deslizamentos de terra.  
Conclui-se que o risco em Alausí é uma construção social determinada por condições estruturais  
de pobreza e exclusão, exigindo intervenções abrangentes capazes de integrar a gestão de riscos  
ao desenvolvimento territorial sustentável.  
PALAVRAS-CHAVE: vulnerabilidade socioeconômica, deslizamentos de terra, gestão de  
riscos, Alausí, Chimborazo, Equador  
136  
INTRODUCCIÓN  
La relación entre condiciones socioeconómicas adversas y susceptibilidad ante amenazas  
naturales constituye uno de los ejes centrales en la comprensión contemporánea del riesgo de  
desastres. Esta intersección entre pobreza y vulnerabilidad territorial adquiere particular  
relevancia en contextos latinoamericanos, donde la desigualdad estructural y la ocupación  
informal de laderas inestables configuran escenarios de riesgo complejo (Lavell et al., 2020).  
El cantón Alausí, ubicado en la provincia de Chimborazo, Ecuador, representa un caso complejo  
que caracteriza a esta problemática, donde factores geomorfológicos, climáticos y  
socioeconómicos convergen para intensificar la exposición de estas comunidades rurales ante  
procesos de remoción en masa. El 26 de marzo de 2023, un deslizamiento de magnitud  
considerable en la zona alta de Casual evidenció las fragilidades sistémicas del territorio  
correspondiente al cantón Alausí. Este evento no solo causó pérdidas materiales significativas  
afectando 26 hectáreas agrícolas y comprometiendo el 60% del servicio de agua potable en el  
área de impacto directo, sino que reveló las dimensiones estructurales de la vulnerabilidad que  
caracterizan a esta jurisdicción (GAD Alausí, 2024). Con una superficie de 172.167 hectáreas  
y una población de 37.275 habitantes según el Censo 2022, el cantón exhibe una densidad  
demográfica de 29 hab/km² y una ruralidad del 87%, indicadores que reflejan patrones de  
dispersión poblacional asociados históricamente con brechas de desarrollo y limitado acceso a  
servicios esenciales.  
La literatura científica contemporánea ha documentado ampliamente cómo la pobreza  
multidimensional opera como amplificador del riesgo de desastres (Gambo, 2024; Viteri, 2024).  
Según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de  
Desastres, aproximadamente el 90% de las víctimas mortales por eventos catastróficos se  
concentran en naciones en desarrollo, fenómeno atribuible no únicamente a la frecuencia de  
137  
amenazas, sino fundamentalmente a las condiciones de vulnerabilidad preexistentes (UNDRR,  
2021). En el contexto ecuatoriano, la tasa de pobreza por ingresos en zonas rurales alcanza el  
42.4%, cifra que duplica los registros urbanos y se correlaciona directamente con deficiencias  
habitacionales, precariedad en infraestructura de servicios básicos y estrategias de subsistencia  
dependientes de actividades primarias altamente sensibles a perturbaciones ambientales (INEC,  
2023).  
El análisis de la vulnerabilidad socioeconómica en territorios andinos expuestos a  
deslizamientos constituye un imperativo académico y de política pública en el marco de los  
compromisos internacionales derivados del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de  
Desastres 2015-2030 (Vo, 2022). Este instrumento internacional enfatiza la necesidad de  
comprender el riesgo en todas sus dimensiones exposición, vulnerabilidad y características de  
las amenazas como fundamento para desarrollar estrategias efectivas de reducción del riesgo y  
fortalecimiento de la resiliencia comunitaria UNDRR.  
En América Latina y el Caribe, región identificada como la segunda más propensa a desastres  
a nivel mundial con más de 1.500 eventos que han afectado a más de 190 millones de personas  
desde el año 2000, la convergencia entre amenazas naturales y factores socioeconómicos  
adversos configura un panorama de riesgo sistémico OCHAM (Paucar, et al., 2025). En  
Ecuador, los deslizamientos representan el 48,11% de los eventos adversos registrados entre  
enero y febrero de 2025, siendo las provincias de la Sierra ecuatoriana particularmente Azuay,  
Loja, Chimborazo, Bolívar e Imbabura las más afectadas por el colapso de taludes y el arrastre  
de material Infobae (Erazo, et al., 2024).  
La recurrencia de estos fenómenos en Alausí y su impacto diferenciado según las características  
socioeconómicas de la población justifican un análisis sistemático que trascienda enfoques  
138  
exclusivamente geofísicos y considere las dimensiones sociales de la vulnerabilidad como  
constructo multicausal.  
El estudio examina la vulnerabilidad socioeconómica de la población del cantón Alausí,  
provincia de Chimborazo, frente a la amenaza de deslizamientos durante el año 2025 (Moscoso,  
Robalino, 2022). El estudio profundiza en los mecanismos a través de los cuales factores  
estructurales nivel de ingresos, acceso a educación, calidad habitacional, cobertura de servicios  
básicos y estrategias de subsistencia determinan la capacidad adaptativa y de respuesta de las  
comunidades ante eventos de remoción en masa.  
La evidencia empírica generada aspira a fortalecer las políticas locales de gestión del riesgo  
mediante intervenciones territoriales diferenciadas, sensibles a las desigualdades preexistentes  
en el territorio. El alcance de este trabajo abarca cuatro ejes analíticos complementarios. En  
primer lugar, se identifican los factores socioeconómicos que inciden en la vulnerabilidad  
poblacional, con énfasis en las dimensiones de ingresos, educación, empleo, vivienda y  
servicios básicos.  
A partir de este diagnóstico, se establece una comparación del nivel de vulnerabilidad entre las  
distintas comunidades y parroquias expuestas a la amenaza, a través del análisis de la influencia  
que ejercen las políticas públicas y los instrumentos de gestión del riesgo sobre la capacidad de  
respuesta de la población. Finalmente, se analizan las estrategias de prevención, mitigación y  
adaptación que las familias y comunidades han implementado para enfrentar la recurrencia de  
deslizamientos en sus territorios. En este sentido, se plantea la siguiente hipótesis de  
investigación: La vulnerabilidad socioeconómica de la población incrementa la afectación de  
la amenaza ante deslizamientos dentro del cantón Alausí, Chimborazo, 2025.  
139  
MATERIALES Y MÉTODOS  
La estructura metodológica de este estudio responde al siguiente esquema.  
Diseño no experimental  
Se adoptó un diseño no experimental de corte transversal con alcance descriptivo-correlacional,  
implementando un enfoque metodológico mixto que integró técnicas cuantitativas para la  
caracterización sociodemográfica y medición de indicadores de vulnerabilidad, con  
aproximaciones cualitativas orientadas a la comprensión de percepciones de riesgo, estrategias  
adaptativas locales y dinámicas institucionales para tener una comprensión de forma integral  
de la investigación, debido a la naturaleza de la investigación conforme a los principios  
establecidos por Creswell y Plano Clark (2018) para investigaciones en ciencias sociales  
aplicadas.  
Estadística descriptiva inferencial  
El tratamiento estadístico de los datos se fundamentó en un enfoque descriptivo-inferencial,  
selección metodológica que responde a la doble naturaleza de los objetivos del estudio. La  
estadística descriptiva mediante el cálculo de frecuencias absolutas y relativas, medidas de  
tendencia central (media, mediana) y dispersión (desviación estándar) permitió caracterizar de  
forma sistemática los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica en sus cinco dimensiones,  
así como construir el Índice de Vulnerabilidad Socioeconómica (IVSE) como medida sintética  
del fenómeno. No obstante, dado que el estudio no se limitó a describir la situación de la muestra  
sino que buscó establecer diferencias estadísticamente significativas entre las parroquias del  
cantón y determinar la distribución de los datos, se incorporaron técnicas de estadística  
inferencial; específicamente, la prueba de Kolmogorov-Smirnov para evaluar supuestos de  
normalidad, la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para comparación de grupos y el  
140  
análisis post-hoc de Dunn con corrección de Bonferroni para identificar diferencias entre  
unidades territoriales.  
Área de estudio y población  
El área de estudio comprendió el cantón Alausí, provincia de Chimborazo, ubicado en las  
coordenadas geográficas aproximadas 2°12'S y 78°50'W, con una altitud que varía entre 1.800  
y 4.500 metros sobre el nivel del mar. El cantón se compone de una parroquia urbana y nueve  
parroquias rurales y abarca una superficie total de 1.721,67 km² (GAD Alausí, 2024). La  
selección del universo de estudio se focalizó en aquellas parroquias y comunidades con mayor  
exposición a la amenaza de deslizamientos, determinada mediante la intersección de mapas de  
susceptibilidad geomorfológica elaborados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica  
Nacional y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, con información de  
densidad poblacional derivada del Censo Nacional 2022 (INEC, 2022). El universo poblacional  
se estimó en aproximadamente 8.500 habitantes residentes en zonas identificadas como de  
susceptibilidad alta y muy alta a procesos de remoción en masa, distribuidos en 1.700 hogares.  
Figura 1  
Mapa político -administrativo del cantón Alausí  
Nota. Obtenido de PNUD (2026)  
141  
Para el componente cuantitativo, se calculó una muestra probabilística estratificada por  
parroquia utilizando la fórmula para poblaciones finitas con un nivel de confianza del 95%,  
error máximo admisible del 5% y varianza máxima (Abebe, 2022). A continuación, se muestra  
la formula:  
푁. 푍2. 푝. 푞  
퐴 =  
2
2
(
)
푒 푁 − 1 + 푍 . 푝. 푞  
Dando como resultando en un tamaño muestral de 315 hogares.  
Para la identificación de los factores socioeconómicos que inciden en la vulnerabilidad de la  
población frente a los deslizamientos, se aplicó una encuesta estructurada a hogares y su  
instrumento el cuestionario organizado en cinco secciones correspondientes a las dimensiones  
del Índice de Vulnerabilidad Socioeconómica (IVSE): económica, educativa, habitacional,  
servicios básicos y organizacional-institucional. El instrumento fue validado mediante prueba  
piloto con 10 hogares en condiciones similares al universo de estudio, obteniéndose un  
coeficiente Alpha de Cronbach superior a 0,85.  
Entre las variables analizadas se encuentran el nivel de ingresos mensual del hogar, capacidad  
de ahorro, acceso a crédito formal, ocupación principal del jefe de hogar, capacidad de  
recuperación económica post-desastre, nivel educativo del jefe de hogar, alfabetismo,  
capacitación en gestión de riesgos, materiales constructivos de la vivienda, estado estructural,  
tenencia, hacinamiento, acceso a agua potable, saneamiento, energía eléctrica, conectividad  
digital, recolección de basura y accesibilidad vial. Se aplicó el cuestionario a los 315 hogares  
seleccionados durante los meses de octubre y noviembre de 2025, con consentimiento  
informado previo de los participantes.  
Para el análisis de datos se aplicó estadística descriptiva univariada mediante frecuencias  
absolutas y relativas, medidas de tendencia central y dispersión para cada indicador.  
142  
Normalización de variables mediante transformación min-max a escala 0-1 (Cox, et al., 2022).  
Análisis factorial de componentes principales para determinar los pesos específicos de cada  
dimensión en el índice sintético (Romo-Pérez, Wilches-Visbal, 2020). Cálculo del IVSE como  
promedio ponderado con las siguientes ponderaciones: dimensión económica (25%), educativa  
(15%), habitacional (20%), servicios básicos (20%) y organizacional-institucional (20%).  
Para analizar el nivel de vulnerabilidad socioeconómica entre las comunidades y parroquias  
expuestas a la amenaza de deslizamientos, se aplicó la técnica de Análisis estadístico  
comparativo y georreferenciación, como instrumento la Base de datos del IVSE desagregada  
por unidad territorial (parroquia y comunidad) (Vásquez, 2024). Se compraron las seis  
parroquias con población residente en zonas de susceptibilidad alta: Multitud, La Matriz,  
Sibambe, Huigra, Tixán y Achupallas. Finalmente, el proceso de análisis se desarrolló mediante  
aplicación de pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para determinar la distribución  
de los datos para establecer diferencias estadísticamente significativas entre parroquias en los  
niveles de vulnerabilidad (Jaramillo, et al., 2023). Clasificación de hogares en tres categorías  
de vulnerabilidad: baja (IVSE < 0,33), media (IVSE entre 0,33 y 0,66) y alta (IVSE > 0,66).  
Cálculo de proporciones de vulnerabilidad por parroquia.  
Para la evaluación de la influencia de las políticas públicas y de la gestión del riesgo en la  
capacidad de respuesta de la población; se usó la técnica de entrevistas semiestructuradas a  
informantes clave y análisis documental (Franco, 2024). Y como instrumento la guía de  
entrevista semiestructurada con ejes temáticos sobre: existencia y funcionalidad de planes de  
emergencia, sistemas de alerta temprana, coordinación interinstitucional, recursos disponibles  
para gestión del riesgo, y percepción sobre efectividad de intervenciones públicas.  
De la misma forma se usó la matriz de análisis documental para revisión de instrumentos  
normativos y de planificación (Salamanca, et al., 2024). Se tomó en cuenta a 24 informantes  
143  
clave seleccionados mediante muestreo intencional por criterio de experticia y  
representatividad: 12 líderes comunitarios de distintas parroquias, 6 técnicos municipales del  
área de planificación y gestión de riesgos, 3 representantes del Secretaría Nacional de Gestión  
de Riesgos y Emergencias de Ecuador SNGRE a nivel zonal y 3 dirigentes de organizaciones  
de base.  
Estos datos tomados a través de la entrevista se analizaron mediante un proceso de triangulación  
con datos cuantitativos de la encuesta sobre percepción de respuesta institucional, conocimiento  
de protocolos de emergencia y apoyo recibido para reducción del riesgo. Comprando con los  
datos cuantitativo como: existencia de planes de emergencia comunitarios, presencia de  
sistemas de alerta temprana, conocimiento de rutas de evacuación y puntos de encuentro,  
identificación de instituciones de primera respuesta, calificación de la respuesta de autoridades  
ante emergencias previas, y apoyo institucional recibido.  
Finalmente, para analizar las estrategias de prevención, mitigación y adaptación implementadas  
por las familias y comunidades, se aplicó la técnica de encuesta estructurada, observación  
directa participante y talleres de cartografía social (Cea, 2022). Los datos se obtuvieron del  
cuestionario generado para la investigación tomando la sección específica del cuestionario  
sobre medidas preventivas implementadas en vivienda y terreno, recursos disponibles para  
enfrentar emergencias, y necesidades identificadas para mejorar la preparación familiar. El  
análisis de la información se desarrolló mediante categorización de estrategias según tipología:  
medidas estructurales (obras físicas de protección), medidas no estructurales (organización,  
conocimiento, preparación) y estrategias de afrontamiento post-evento.  
Consideraciones éticas  
La investigación garantizó el consentimiento informado de todos los participantes, la  
confidencialidad de la información individual y el manejo ético de datos sensibles. Los  
144  
resultados fueron socializados con las comunidades participantes y autoridades locales para  
contribuir al fortalecimiento de las capacidades de gestión del riesgo en el territorio.  
RESULTADOS  
Para la identificación de los factores socioeconómicos que inciden en la vulnerabilidad de la  
población frente a los deslizamientos se aplicó 315 encuestas a los jefes de hogares del cantón  
Alausí y sus resultados se describe por las cinco dimensiones que componen el Índice de  
Vulnerabilidad Socioeconómica (IVSE).  
Dimensión económica  
Figura 2  
Ingreso mensual familiar en hogares del cantón Alausí  
Nota. Elaboración propia a partir de encuesta estructurada aplicada a hogares del cantón Alausí  
(2025). n = 315.  
145  
La estructura de ingresos configura un escenario de marcada necesidad económica en el  
territorio estudiado. El 55,8% de los hogares equivalentes a 176 hogares perciben ingresos  
mensuales inferiores a $200 USD, cifra que se ubica por debajo del 50% de la canasta básica  
familiar ecuatoriano. El 23,4% reporta ingresos entre $201 y $400, el 13,0% entre $401 y $600,  
mientras que apenas el 5,2% percibe entre $601 y $800, y únicamente el 2,6% supera los $800  
mensuales. Lo que muestra de forma clara esta marcada economía con necesidades.  
Figura 3  
Distribución de la ocupación principal del jefe de hogar  
Nota. Elaboración propia a partir de encuesta estructurada aplicada a hogares del cantón Alausí  
(2025). n = 315. Las categorías corresponden a la actividad económica declarada como  
principal fuente de ingresos del hogar.  
La ocupación principal del jefe de hogar refleja la dependencia del sector primario característica  
del territorio: el 29,9% que tiene una equivalencia a 94 personas se desempeña como jornalero  
agrícola y el 28,6% desarrolla agricultura o ganadería por cuenta propia, totalizando un 58,5%  
de la población económicamente activa vinculada directamente al sector agropecuario. El  
146  
desempleo afecta al 14,3%, esto quiere decir 45 encuestados de la población, el empleo público  
representa el 13,0%, el trabajo doméstico el 6,5% y otras ocupaciones el 7,8% restante.  
Figura 4  
Capacidad de ahorro y acceso al crédito formal en hogares expuestos a amenaza de  
deslizamientos  
Nota. Elaboración propia a partir de encuesta estructurada aplicada a hogares del cantón Alausí  
(2025). n = 315. Los indicadores de ahorro y crédito reflejan la situación financiera  
autodeclarada.  
De la misma forma se observa que la capacidad de ahorro exhibe niveles críticamente bajos: el  
88,3% que equivale a 278 hogares carece de cualquier forma de ahorro, mientras que solo el  
11,7% dispone de algún tipo de reserva económica. El acceso a crédito formal presenta  
restricciones significativas: el 46,8% no puede acceder a préstamos, el 35,1% accede con  
dificultad, y únicamente el 18,2% tiene acceso fluido al sistema financiero.  
147  
La capacidad de recuperación económica ante un eventual desastre constituye el indicador más  
revelador de la vulnerabilidad estructural: apenas el 1,3% de los hogares es decir 4 manifiestan  
contar con recursos propios suficientes para recuperarse de un deslizamiento, el 49,4% señalan  
que necesitaría ayuda parcial, mientras que otro 49,4% dependería totalmente de asistencia  
externa para su recuperación.  
Tabla 1  
Indicadores de vulnerabilidad económica (n=315)  
Indicador  
Categoría  
n
%
Ingreso mensual  
Menos de $200  
$201 - $400  
$401 - $600  
176  
74  
41  
55,8  
23,4  
13,0  
5,2  
$601 - $800  
16  
Más de $800  
8
2,6  
Capacidad de ahorro  
Acceso a crédito  
No tiene  
Sí tiene  
278  
37  
147  
111  
57  
155  
156  
4
88,3  
11,7  
46,8  
35,1  
18,2  
49,4  
49,4  
1,3  
No puede acceder  
Con dificultad  
Fácilmente  
Dependencia total de ayuda  
Necesitaría ayuda parcial  
Recursos propios suficientes  
Capacidad de recuperación  
Nota. Los porcentajes están calculados sobre el total de hogares encuestados (n = 315). Fuente:  
Encuesta aplicada a hogares del Cantón Alausí (2025)  
Dimensión educativa  
Figura 5  
Nivel de instrucción del jefe o jefa de hogar en comunidades expuestas a amenaza de  
deslizamientos  
148  
Nota. El nivel de instrucción corresponde al máximo grado educativo formal completado por  
el jefe o jefa de hogar al momento de la aplicación del instrumento.  
El análisis del nivel de instrucción revela brechas educativas significativas que condicionan la  
capacidad de comprensión y respuesta ante situaciones de riesgo. El 26,0% de los jefes de hogar  
completó el bachillerato, el 20,8% alcanzó educación básica completa y el 18,2% presenta  
educación básica incompleta. El 11,7% posee bachillerato incompleto, el 9,1% solo cursó  
programas de alfabetización, y el 2,6% carece de cualquier instrucción formal. Únicamente el  
10,4% accedió a educación superior y apenas el 1,3% ostenta estudios de posgrado.  
La tasa de alfabetismo funcional alcanza el 97,4%, aunque persisten ocho casos de  
analfabetismo entre jefes de hogar. La capacitación específica en gestión de riesgos y  
prevención de desastres presenta déficits considerables: el 57,1% de los hogares no ha recibido  
ningún tipo de formación en esta materia, mientras que el 42,9% sí ha participado en algún  
proceso de capacitación.  
149  
Dimensión habitacional  
Figura 6  
Caracterización de la dimensión habitacional  
Nota. Los indicadores integran tenencia de la vivienda, materiales constructivos predominantes,  
tipo de piso y estado estructural observado.  
Respecto a la tenencia, el 40,3% de los hogares posee vivienda propia totalmente pagada, el  
33,8% habita en viviendas prestadas o cedidas, el 13,0% está pagando su vivienda, el 7,8%  
arrienda, y el 5,2% presenta otra situación de tenencia. En cuanto a materiales constructivos, el  
72,7% de las viviendas tiene paredes de hormigón o bloque, el 20,8% de madera, el 2,6% de  
adobe o tapial, el 2,6% de otros materiales, y el 1,3% de caña. Los pisos son predominantemente  
de cemento o tabla, seguidos de cerámica o baldosa 14,3%, tierra 11,7% y otros materiales  
11,7%.  
Un hallazgo de particular relevancia para la evaluación de vulnerabilidad física es el estado  
estructural de las viviendas: el 48,1% presenta grietas menores, el 18,2% exhibe grietas o daños  
importantes, y solo el 33,8% no presenta daños estructurales visibles. Esto significa que dos  
150  
terceras partes de las viviendas muestran algún grado de deterioro que podría comprometer su  
integridad ante movimientos sísmicos o procesos de remoción en masa.  
Dimensión de servicios básicos  
Figura 7  
Dimensión de servicios básicos  
Nota. Los indicadores comprenden fuente de abastecimiento de agua, tipo de saneamiento,  
cobertura eléctrica, conectividad digital y sistema de gestión de residuos sólidos.  
Respecto al abastecimiento de agua, únicamente el 35,1% accede a red pública de agua potable,  
mientras que el 54,5% se abastece de ríos, vertientes o acequias, el 6,5% utiliza pozo y el 3,9%  
otras fuentes. La permanencia del servicio es relativamente alta, con el 80,5% que reporta  
servicio permanente, aunque el 11,7% no tiene servicio regular y el 7,8% recibe agua solo por  
horas o días. El saneamiento presenta condiciones precarias: el 41,6% dispone de excusado  
conectado a pozo séptico, el 27,3% a pozo ciego, apenas el 16,9% cuenta con conexión a  
alcantarillado, el 10,4% carece de servicio higiénico, y el 3,9% utiliza letrina.  
La energía eléctrica alcanza buena cobertura: el 84,4% tiene servicio permanente, el 13,0%  
irregular, y el 2,6% carece del servicio. La conectividad digital es limitada: el 44,2% tiene  
151  
internet permanente, el 32,5% irregular, y el 23,4% sin acceso. El servicio de recolección de  
basura exhibe el mayor déficit: el 61,0% de las comunidades carece de este servicio, el 22,1%  
tiene cobertura irregular, y solo el 16,9% cuenta con recolección regular. Como consecuencia,  
el 59,7% de los hogares quema la basura, el 27,3% utiliza carro recolector, el 11,7% la arroja a  
terrenos baldíos o ríos, y el 1,3% emplea otros métodos.  
Tabla 2  
Indicadores de acceso a servicios básicos (n=315)  
Indicador  
Fuente de agua  
Categoría  
Red pública  
Río/vertiente/acequia  
Pozo  
n
%
110  
172  
21  
35,1  
54,5  
6,5  
Otra  
12  
3,9  
Saneamiento  
Alcantarillado  
Pozo séptico  
Pozo ciego  
Letrina  
53  
131  
86  
16,9  
41,6  
27,3  
3,9  
12  
Sin servicio  
Regular  
Irregular  
Sin servicio  
33  
53  
70  
192  
10,4  
16,9  
22,1  
61,0  
Recolección de basura  
Nota. Las categorías de fuente de agua y saneamiento son mutuamente excluyentes. La  
categoría "sin servicio" en saneamiento agrupa hogares que realizan sus necesidades al aire  
libre o en campo abierto. Fuente. Encuesta aplicada a hogares del Canton Alausí (2025)  
Accesibilidad vial  
La infraestructura vial presenta limitaciones que condicionan tanto la evacuación como la  
respuesta ante emergencias: el 45,5% accede por vía lastrada, el 39,0% por camino de tierra,  
solo el 14,3% cuenta con vía asfaltada, y el 1,3% utiliza sendero. El tránsito en época lluviosa  
se ve comprometido en el 70,1% de los casos donde "a veces se dificulta", el 7,8% manifiesta  
que "frecuentemente se cierra", y solo el 22,1% mantiene tránsito permanente.  
152  
Síntesis: Índice de Vulnerabilidad Socioeconómica por dimensiones  
El análisis integrado mediante el IVSE revela que la dimensión económica exhibe los valores  
más críticos con una media de 0,770 con una desviación estándar de 0,186, seguida por la  
dimensión organizacional-institucional media de 0,673; con una desviación estándar de 0,251,  
la dimensión educativa media de 0,511; con una desviación estándar de 0,304, la dimensión de  
servicios básicos media de 0,443; con una desviación estándar de 0,198 y la dimensión  
habitacional media de 0,301; con una desviación estándar de 0,214.  
Tabla 3  
Valores medios del IVSE por dimensión  
Dimensión  
Económica  
Organizacional-institucional  
Educativa  
Servicios básicos  
Habitacional  
Media  
0,770  
0,673  
0,511  
0,443  
0,301  
0,553  
DE  
Ponderación  
25%  
20%  
15%  
20%  
0,186  
0,251  
0,304  
0,198  
0,214  
0,154  
20%  
100%  
IVSE Global  
Nota. Los valores medios más próximos a 1 indican mayor vulnerabilidad. DE = desviación  
estándar. Fuente. Encuesta aplicada a hogares del Canton Alausí (2025)  
En el segundo objetivo se buscó comparar el nivel de vulnerabilidad socioeconómica entre las  
comunidades y parroquias del cantón expuestas a la amenaza de deslizamientos. La distribución  
territorial de la muestra incluyó seis parroquias: Multitud 70,1%; La Matriz 18,2%, Sibambe  
5,2%, Huigra 3,9%, Tixán 1,3% y Achupallas 1,3%.  
Índice de Vulnerabilidad Socioeconómica por parroquia  
El IVSE promedio del cantón Alausí alcanza 0,553 con una desviación estándar de 0,154, con  
un rango que oscila entre 0,101 (vulnerabilidad mínima) y 0,830 (vulnerabilidad muy alta), y  
una mediana de 0,562. La distribución por niveles de vulnerabilidad muestra que el 62,3% de  
153  
los hogares presenta vulnerabilidad media (IVSE entre 0,33 y 0,66), el 28,6% vulnerabilidad  
alta (IVSE superior a 0,66), y apenas el 9,1% vulnerabilidad baja (IVSE inferior a 0,33).  
Tabla 4  
Índice de Vulnerabilidad Socioeconómica por parroquia  
Parroquia  
Multitud  
La Matriz  
Sibambe  
Huigra  
Tixán  
Achupallas  
Total  
IVSE Medio  
0,586  
0,449  
0,518  
0,480  
0,561  
0,522  
0,553  
DE  
n
% Vuln. Baja  
% Vuln. Media  
59,3  
50,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
62,3  
% Vuln. Alta  
0,144  
0,172  
0,125  
0,116  
0,098  
0,087  
0,154  
221  
57  
16  
12  
4
3,7  
35,7  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
9,1  
37,0  
14,3  
0,0  
0,0  
0,0  
4
315  
0,0  
28,6  
Nota. La clasificación de niveles de vulnerabilidad se realizó mediante los siguientes umbrales:  
baja (IVSE < 0,33), media (IVSE entre 0,33 y 0,66) y alta (IVSE > 0,66). Fuente. Encuesta  
aplicada a hogares del Canton Alausí (2025).  
La prueba de Kruskal-Wallis evidenció diferencias estadísticamente significativas en el IVSE  
entre parroquias H=45,23; p<0,001. Las comparaciones post-hoc mediante prueba de Dunn con  
corrección de Bonferroni identificaron diferencias significativas entre Multitud y La Matriz  
p<0,001, así como entre Multitud y Huigra p<0,05.  
Análisis desagregado por dimensiones según parroquia  
El análisis territorial desagregado por dimensiones revela patrones diferenciados de  
vulnerabilidad que justifican intervenciones territorialmente específicas.  
154  
Tabla 5  
Dimensiones de vulnerabilidad por parroquia (valores medios)  
Parroquia  
Multitud  
La Matriz  
Sibambe  
Huigra  
D. Económica  
0,797  
0,671  
0,703  
0,812  
D. Educativa  
0,564  
0,357  
0,481  
0,383  
D. Habitacional  
0,319  
0,286  
0,250  
0,056  
D. Servicios  
0,481  
0,278  
0,520  
0,393  
D. Organizacional  
0,712  
0,576  
0,578  
0,646  
Tixán  
0,750  
0,625  
0,250  
0,400  
0,750  
Achupallas  
Promedio  
0,875  
0,770  
0,175  
0,511  
0,500  
0,301  
0,570  
0,443  
0,312  
0,673  
Nota. Los valores medios por dimensión corresponden al promedio del subíndice normalizado  
(escala 0–1) para cada parroquia. Fuente. Encuesta aplicada a hogares del Canton Alausí (2025)  
La parroquia Multitud presenta el IVSE promedio más elevado 0,586, con el 37,0% de sus  
hogares en condición de vulnerabilidad alta y apenas el 3,7% en vulnerabilidad baja. Esta  
parroquia concentra las mayores deficiencias en las dimensiones económica 0,797,  
organizacional 0,712 y educativa 0,564. La parroquia La Matriz exhibe el IVSE promedio más  
bajo 0,449 entre las unidades con representación muestral suficiente, con la distribución más  
favorable: 35,7% de hogares en vulnerabilidad baja, 50,0% en media y 14,3% en alta. Sus  
fortalezas relativas se ubican en las dimensiones de servicios básicos 0,278 y educativa 0,357,  
aunque mantiene vulnerabilidad económica considerable 0,671.  
Exposición territorial a la amenaza  
La percepción de ubicación en zona de riesgo revela que el 42,9% considera que "posiblemente  
está en riesgo", el 26,0% desconoce su situación, el 20,8% reconoce estar "en alto riesgo", y  
solo el 10,4% considera que no está en riesgo. La distancia a laderas, taludes o pendientes  
pronunciadas muestra que el 40,3% se ubica a más de 100 metros, mientras que el 24,7% está  
a menos de 20 metros de zonas potencialmente inestables, el 19,5% entre 20 y 50 metros, y el  
15,6% entre 51 y 100 metros. Esto implica que cerca del 60% de los hogares se encuentra en  
proximidad significativa a áreas susceptibles a procesos de remoción en masa. El conocimiento  
155  
de deslizamientos previos es elevado: el 84,4% tiene conocimiento de eventos ocurridos en su  
comunidad durante los últimos 10 años. La frecuencia reportada indica que el 77,9%  
experimentó entre 1 y 2 eventos, el 15,6% entre 3 y 5 eventos, y el 6,5% más de 5 deslizamientos  
en la última década.  
Tabla 6  
Indicadores de exposición y amenaza por parroquia  
Indicador  
Categoría  
n
%
Distancia a laderas  
Menos de 20 m  
20-50 m  
51-100 m  
Más de 100 m  
Muy expuesta (alto riesgo)  
Moderadamente expuesta  
Poco expuesta (bajo riesgo)  
No expuesta  
78  
61  
49  
127  
61  
131  
82  
41  
266  
49  
24,7  
19,5  
15,6  
40,3  
19,5  
41,6  
26,0  
13,0  
84,4  
15,6  
Exposición percibida  
Conocimiento de eventos previos  
Sí conoce  
No conoce  
Nota. La exposición percibida corresponde a la autoevaluación del nivel de riesgo por parte del  
jefe o jefa de hogar. Fuente. Encuesta aplicada a hogares del Canton Alausí (2025)  
El tercer objetivo evaluó la influencia de las políticas públicas y de la gestión del riesgo en la  
capacidad de respuesta de la población frente a los deslizamientos. Los resultados integran datos  
cuantitativos de la encuesta con hallazgos cualitativos de las entrevistas a informantes clave.  
Existencia y funcionalidad de instrumentos de gestión del riesgo  
La existencia de planes o comités de emergencia para deslizamientos es limitada: el 50,6%  
afirma que no existe ningún plan en su comunidad, el 20,8% desconoce su existencia, el 16,9%  
confirma la existencia de un plan activo, y el 11,7% indica que existe, pero no funciona. Esto  
significa que el 71,4% de la población carece de planes de emergencia funcionales o desconoce  
su existencia. La inexistencia de sistemas de alerta temprana es crítica: el 55,8% indica que no  
existe ningún sistema, el 19,5% desconoce su existencia, el 11,7% señala que existe, pero no  
156  
funciona bien, y apenas el 13,0% confirma la existencia de un sistema funcional. En conjunto,  
el 87,0% de las comunidades carece de sistemas de alerta temprana operativos.  
Conocimiento de protocolos de emergencia  
El conocimiento sobre qué hacer ante un deslizamiento exhibe deficiencias preocupantes:  
apenas el 29,9% posee conocimientos claros, el 44,2% tiene "alguna idea, pero no está seguro",  
y el 26,0% desconoce completamente qué acciones tomar. El conocimiento de rutas de  
evacuación es deficiente: el 55,8% no las conoce, el 26,0% las conoce parcialmente, y solo el  
18,2% las conoce claramente. Similarmente, el 63,6% desconoce los puntos de encuentro  
comunitarios y el 62,3% ignora la ubicación de albergues temporales. El conocimiento sobre  
instituciones de primera respuesta es limitado: el 57,1% desconoce cuáles son las instituciones  
responsables de la atención de emergencias, mientras que el 42,9% sí las identifica.  
Tabla 7  
Indicadores de capacidad institucional y organizacional (n=315)  
Indicador  
Categoría  
n
%
Plan de emergencia  
No existe  
No sabe  
Existe activo  
Existe, pero no funciona  
No existe  
No sabe  
Funcional  
Existe, pero no funciona bien  
No las conoce  
Parcialmente  
Claramente  
159  
66  
53  
37  
176  
61  
41  
37  
176  
82  
57  
50,6  
20,8  
16,9  
11,7  
55,8  
19,5  
13,0  
11,7  
55,8  
26,0  
18,2  
57,1  
42,9  
Sistema de alerta temprana  
Conoce rutas evacuación  
Conoce instituciones de respuesta  
No conoce  
Sí conoce  
180  
135  
Nota. Los datos corresponden a la percepción y conocimiento autodeclarado por los jefes o  
jefas de hogar. Fuente. Encuesta aplicada a hogares del Canton Alausí (2025)  
157  
Percepción de la respuesta institucional  
La calificación de la respuesta de autoridades ante emergencias previas muestra que el 51,9%  
la considera "regular", el 19,5% "buena", el 14,3% indica que "no ha habido respuesta", el 7,8%  
la califica como "mala", el 5,2% como "muy buena", y el 1,3% señala que no ha habido  
emergencias. El apoyo institucional recibido para reducción del riesgo es insuficiente: el 57,1%  
no ha recibido ningún tipo de apoyo técnico o económico, mientras que el 42,9% sí ha recibido  
alguna forma de asistencia. Entre quienes recibieron apoyo, predomina la atención en salud,  
ayuda humanitaria y apoyo técnico puntual.  
Hallazgos cualitativos sobre gestión institucional  
Las entrevistas a informantes clave revelaron percepciones convergentes sobre las limitaciones  
de la gestión institucional del riesgo. Los líderes comunitarios identificaron como principales  
debilidades la falta de continuidad en los procesos de capacitación, la ausencia de recursos para  
implementar obras de mitigación y la escasa coordinación entre instituciones. Un dirigente  
comunitario de Multitud señaló: "Después del deslizamiento de 2023 vinieron varias  
instituciones, hicieron reuniones, pero luego no hubo seguimiento. Quedamos igual que antes".  
Los técnicos municipales reconocieron limitaciones presupuestarias y de personal técnico  
especializado para desarrollar sistemas integrales de gestión del riesgo. Un funcionario del área  
de planificación indicó: "Las competencias están descentralizadas, pero los recursos no llegan.  
Hacemos lo que podemos con lo poco que tenemos".  
Los representantes del SNGRE destacaron avances en la elaboración de mapas de  
susceptibilidad y la actualización del plan cantonal de gestión de riesgos, pero reconocieron  
brechas en la operativización a nivel comunitario y la sostenibilidad de los sistemas de alerta  
temprana.  
158  
El cuarto objetivo analizó las estrategias de prevención, mitigación y adaptación implementadas  
por las familias y comunidades para enfrentar la amenaza de deslizamientos.  
Medidas preventivas a nivel familiar  
La implementación de medidas preventivas a nivel familiar es mínima: el 77,9% no ha  
implementado ninguna medida en su vivienda o terreno para reducir el riesgo de deslizamientos.  
Entre el 22,1% que sí adoptó medidas, predominan la construcción de drenajes o canales 45,7%  
de quienes implementaron medidas, muros de contención 31,4%, reforestación 14,3% y otras  
medidas 8,6%.  
Participación comunitaria y organización  
La participación en organizaciones comunitarias alcanza el 48,1%, predominando la  
vinculación a Juntas de Agua 35,8% de quienes participan, directivas comunitarias 28,5%,  
organizaciones de productores 18,5% y otras organizaciones 17,2%. El 51,9% n=164 no  
participa en ninguna organización.  
Tabla 8  
Estrategias de prevención implementadas (n=315)  
Indicador  
Categoría  
n
%
Medidas preventivas en vivienda  
No ha implementado  
Sí ha implementado  
Drenajes/canales  
Muros de contención  
Reforestación  
Otras  
245  
70  
32  
22  
10  
6
77,9  
22,1  
45,7  
31,4  
14,3  
8,6  
Tipo de medida implementada*  
Participación comunitaria  
Sí participa  
No participa  
151  
164  
48,1  
51,9  
Nota. Porcentajes calculados sobre n=70 hogares que implementaron medidas. Fuente:  
Encuesta aplicada a hogares del Canton Alausí (2025)  
159  
Necesidades identificadas para mejorar la preparación  
Las necesidades identificadas para mejorar la preparación familiar ante deslizamientos revelan  
prioridades claras: la capacitación sobre prevención emerge como la demanda más frecuente  
36,4%, seguida del apoyo económico para obras de protección 10,4%, la reubicación a zonas  
seguras 9,1%, el fortalecimiento de la organización comunitaria 5,2% y mejores sistemas de  
alerta 2,5%. Un porcentaje significativo 36,4% identificó necesidades múltiples o combinadas.  
DISCUSIÓN  
Los hallazgos revelan un escenario de vulnerabilidad socioeconómica estructural en el cantón  
Alausí que trasciende la exposición física ante amenazas de deslizamientos, configurando un  
entramado de fragilidades multidimensionales que condicionan tanto la susceptibilidad como  
la capacidad de recuperación de las comunidades afectadas. El Índice de Vulnerabilidad  
Socioeconómica (IVSE) promedio de 0,553 y la concentración del 90,9% de los hogares en  
categorías de vulnerabilidad media y alta corroboran la tesis de que el riesgo de desastres  
constituye una construcción social determinada por condiciones preexistentes de desigualdad y  
exclusión (Wisner et al., 2022).  
La dimensión económica emerge como el componente más crítico de la vulnerabilidad en el  
territorio estudiado, con una puntuación media de 0,770 que supera considerablemente las  
demás dimensiones analizadas. Este hallazgo es consistente con lo señalado por Hallegatte et  
al. (2020), quienes documentaron que las poblaciones en condición de pobreza no solo  
presentan mayor exposición a amenazas naturales, sino que experimentan impactos  
desproporcionadamente severos debido a su limitada capacidad de absorción y recuperación.  
La concentración del 55,8% de los hogares con ingresos inferiores a $200 USD mensuales, cifra  
que representa menos del 50% de la canasta básica familiar de Ecuador, configura un escenario  
160  
donde cualquier perturbación económica derivada de un evento adverso puede desencadenar  
procesos de empobrecimiento irreversibles.  
Particularmente revelador resulta el dato de que el 98,7% de los hogares carece de recursos  
propios suficientes para recuperarse de un deslizamiento, dependiendo parcial o totalmente de  
asistencia externa. Esta condición de vulnerabilidad extrema coincide con los planteamientos  
de Rentschler y Salhab (2020), quienes estimaron que aproximadamente 1.470 millones de  
personas a nivel global enfrentan exposición simultánea a amenazas naturales y pobreza,  
generando lo que denominan "trampas de vulnerabilidad" donde los desastres perpetúan y  
profundizan las condiciones de precariedad preexistentes. En el contexto de Alausí, la ausencia  
de ahorro en el 88,3% de los hogares y las restricciones de acceso al crédito formal que afectan  
al 81,8% de la población configuran una situación donde las familias carecen de mecanismos  
financieros para enfrentar las pérdidas materiales derivadas de eventos de remoción en masa.  
La dependencia económica del sector primario, evidenciada en que el 58,5% de los jefes de  
hogar se dedican a actividades agrícolas como jornaleros o productores independientes, añade  
una capa adicional de vulnerabilidad. Como señalan Lipper et al. (2020), las economías rurales  
basadas en agricultura de subsistencia presentan doble exposición al riesgo: por un lado, sus  
medios de vida dependen directamente de recursos naturales susceptibles a perturbaciones  
ambientales; por otro, carecen de la diversificación económica que permitiría amortiguar los  
impactos sectoriales. Lu et al. (2022) han documentado que los riesgos de desastres representan  
un desafío importante para los esfuerzos de alivio de la pobreza, ya que pueden causar o agravar  
la pobreza, generando círculos viciosos de vulnerabilidad.  
Los resultados relativos a la cobertura de servicios básicos demuestran una correlación  
preocupante entre carencias de desarrollo e incremento del riesgo de deslizamientos. El hecho  
de que únicamente el 35,1% de los hogares acceda a red pública de agua potable, mientras que  
161  
el 54,5% se abastece de fuentes naturales como ríos y vertientes, no solo representa una brecha  
de desarrollo humano sino un factor potencial de desestabilización de taludes. Esta situación  
adquiere particular relevancia a la luz del informe técnico del Instituto Geofísico de la Escuela  
Politécnica Nacional (Vasconez & Pacheco, 2023), que identificó la infiltración de aguas de  
riego, residuales y pluviales como causa principal del deslizamiento de marzo de 2023.  
La precariedad del saneamiento, donde el 83,1% de los hogares carece de conexión a  
alcantarillado y depende de pozos sépticos, pozos ciegos o letrinas, constituye un factor de  
riesgo documentado en la literatura especializada. Según Cutter y Derakhshan (2020), los  
sistemas inadecuados de disposición de aguas servidas contribuyen a la saturación del suelo en  
zonas de pendiente, incrementando la susceptibilidad a procesos de remoción en masa. En este  
sentido, la vulnerabilidad observada en Alausí no puede atribuirse exclusivamente a factores  
geomorfológicos o climáticos, sino que emerge de la interacción entre amenazas naturales y  
condiciones socialmente construidas de precariedad infraestructural.  
El análisis comparativo entre parroquias revela patrones diferenciados de vulnerabilidad que  
demandan estrategias de intervención territorialmente específicas. La parroquia Multitud, con  
el IVSE más elevado (0,586) y la mayor proporción de hogares en vulnerabilidad alta (37,0%),  
emerge como territorio prioritario para acciones de reducción del riesgo. Su combinación de  
alta vulnerabilidad económica (0,797), deficiencias organizacionales severas (0,712) y brechas  
educativas significativas (0,564) configura un escenario de fragilidad multidimensional que  
requiere intervenciones integrales más allá de obras de mitigación física.  
En contraste, la parroquia La Matriz presenta condiciones relativamente más favorables  
(IVSE=0,449), con el 35,7% de hogares en vulnerabilidad baja y mejores indicadores en  
servicios básicos y educación. Esta heterogeneidad territorial coincide con los planteamientos  
de Cardona et al. (2021) sobre la necesidad de superar enfoques uniformes de gestión del riesgo  
162  
hacia aproximaciones que reconozcan las especificidades locales y prioricen recursos hacia los  
territorios más vulnerables. Las diferencias observadas entre la cabecera cantonal y las  
parroquias rurales reflejan patrones de desigualdad centro-periferia documentados en la  
literatura sobre desarrollo territorial en Ecuador.  
Los indicadores relativos a la capacidad institucional y organizacional revelan brechas críticas  
que comprometen la efectividad de cualquier estrategia de reducción del riesgo. La inexistencia  
de planes o comités de emergencia funcionales en el 71,4% de las comunidades, la carencia de  
sistemas de alerta temprana operativos en el 87,0% del territorio, y el desconocimiento de rutas  
de evacuación por parte del 55,8% de la población configuran un escenario de alta  
vulnerabilidad institucional que contradice los estándares internacionales de gestión del riesgo.  
Estos hallazgos son consistentes con el diagnóstico de UNDRR (2022) sobre las brechas de  
implementación del Marco de Sendai en América Latina, donde se identifica que los avances  
normativos y de política pública no se han traducido en capacidades operativas efectivas a nivel  
local. La descentralización de competencias de gestión del riesgo hacia los gobiernos  
autónomos descentralizados, establecida en el COOTAD, no ha sido acompañada de  
transferencias presupuestarias y fortalecimiento técnico suficientes para que los municipios  
rurales como Alausí desarrollen sistemas integrales de prevención y respuesta.  
La calificación mayoritariamente "regular" (51,9%) de la respuesta de autoridades ante  
emergencias previas sugiere una percepción comunitaria de insuficiencia institucional que  
puede erosionar la confianza en los mecanismos formales de protección. Como argumentan  
Lavell et al. (2020), la desconfianza en las instituciones públicas constituye un factor de  
vulnerabilidad en sí mismo, dado que las poblaciones que no confían en la respuesta estatal  
tienden a desarrollar estrategias autónomas de afrontamiento que pueden resultar inadecuadas  
o incluso contraproducentes.  
163  
Un hallazgo particularmente significativo es que el 77,9% de los hogares no haya implementado  
ninguna medida preventiva en su vivienda o terreno, pese a que el 84,4% tiene conocimiento  
de deslizamientos previos en su comunidad. Esta aparente disonancia entre percepción del  
riesgo y acción preventiva puede explicarse por las restricciones económicas que impiden a las  
familias invertir en obras de mitigación, pero también por la ausencia de orientación técnica y  
apoyo institucional que facilite la adopción de medidas de bajo costo.  
Como señalan Scolobig et al. (2022), la brecha entre conocimiento del riesgo y acción  
preventiva constituye uno de los principales desafíos de la gestión del riesgo contemporánea,  
requiriendo enfoques que trasciendan la mera comunicación de información hacia el  
acompañamiento efectivo de procesos de transformación. Las necesidades priorizadas por la  
población, especialmente capacitación (36,4%), apoyo económico para obras de protección  
(10,4%) y fortalecimiento organizacional (5,2%), proporcionan orientaciones claras para el  
diseño de políticas públicas sensibles a las demandas locales.  
Los talleres de cartografía social participativa evidenciaron la existencia de conocimientos  
locales valiosos sobre el territorio que podrían complementar las evaluaciones técnicas de  
susceptibilidad. La literatura reciente sobre reducción del riesgo de desastres enfatiza la  
importancia de enfoques participativos que integren saberes tradicionales con conocimientos  
técnicos (Gaillard et al., 2021), perspectiva particularmente relevante en contextos como Alausí  
donde la población indígena y campesina posee memoria histórica sobre eventos previos y  
estrategias de monitoreo informal que podrían potenciarse mediante articulación con sistemas  
institucionales.  
CONCLUSIONES  
La hipótesis central que orientó esta investigación que la vulnerabilidad socioeconómica de la  
población incrementa la afectación ante la amenaza de deslizamientos en el cantón Alausí,  
164  
Chimborazo encuentra respaldo empírico robusto en los datos obtenidos y no puede ser refutada  
a la luz de la evidencia. El Índice de Vulnerabilidad Socioeconómica (IVSE) promedio de 0,553,  
con el 90,9% de los hogares concentrados en categorías media y alta, demuestra que la  
exposición a los deslizamientos en este territorio no es un fenómeno geofísico aislado, sino la  
expresión territorial de condiciones estructurales de exclusión que amplifican los efectos de una  
amenaza natural sobre una población que carece de los recursos necesarios para absorberlos.  
Esta comprobación se inscribe en la tradición analítica que reconoce el desastre como una  
construcción social, tal como lo sistematizaron Wisner et al. (2022) mediante el modelo de  
Presión y Liberación: el riesgo no reside en la naturaleza de la amenaza sino en la intersección  
entre esta y las condiciones de precariedad acumuladas históricamente.  
La dimensión económica emerge como el vector de vulnerabilidad más determinante, con una  
puntuación media de 0,770, la más elevada entre las cinco dimensiones analizadas. Esta cifra  
no es meramente estadística: expresa que el 55,8% de los hogares percibe ingresos inferiores al  
50% de la canasta básica familiar ecuatoriano, que el 88,3% carece de cualquier forma de ahorro  
y que el 98,7% dependería parcial o totalmente de asistencia externa para recuperarse de un  
evento adverso. Estos indicadores corroboran la tesis de Hallegatte et al. (2020) sobre las  
"trampas de vulnerabilidad", según la cual los desastres no solo impactan a la población pobre,  
sino que reproducen y profundizan su pobreza, generando ciclos de precariedad difícilmente  
reversibles sin intervención estructural. En coherencia con este planteamiento, la dependencia  
laboral del sector primario que alcanza al 58,5% de los jefes de hogar configura una doble  
exposición documentada también por Lu et al. (2022): los medios de vida agropecuarios son  
directamente vulnerables a los procesos de remoción en masa y, a la vez, carecen de la  
diversificación económica que permitiría amortiguar las pérdidas sectoriales.  
165  
La interacción entre carencias de servicios básicos y agravamiento del riesgo geomorfológico  
constituye uno de los hallazgos de mayor trascendencia analítica de este estudio. El hecho de  
que apenas el 35,1% de los hogares acceda a red pública de agua potable, que el 83,1% carezca  
de conexión a alcantarillado, y que el déficit hídrico y sanitario haya sido identificado por  
Vasconez y Pacheco (2023) como causa directa del deslizamiento del 26 de marzo de 2023,  
revela que la vulnerabilidad no opera como un factor externo al riesgo físico, sino que lo  
constituye y lo intensifica desde sus condiciones materiales. Esta relación circular donde la  
precariedad de la infraestructura desencadena la amenaza que, a su vez, destruye la  
infraestructura ilustra con precisión empírica lo que Cutter y Derakhshan (2020) denominan  
retroalimentación entre vulnerabilidad social y degradación ambiental.  
El análisis comparativo entre parroquias demostró diferencias estadísticamente significativas  
en los niveles de vulnerabilidad (H=45,23; p<0,001), refutando cualquier lectura homogénea  
del territorio y confirmando la pertinencia de un enfoque que reconozca las heterogeneidades  
locales como principio ordenador de la política pública. La parroquia Multitud concentra la  
mayor fragilidad multidimensional IVSE de 0,586, 37,0% de hogares en vulnerabilidad alta, y  
los índices más elevados en las dimensiones económica (0,797) y organizacional-institucional  
(0,712), mientras que la parroquia La Matriz exhibe condiciones relativamente más favorables  
(IVSE=0,449), expresión de las ventajas comparativas de la cabecera cantonal en acceso a  
servicios y capital educativo. Estos contrastes territoriales son expresión de patrones históricos  
de desigualdad centro-periferia que, como advierte Cardona et al. (2021), no pueden ser  
abordados con estrategias uniformes sino mediante intervenciones diferenciadas que prioricen  
recursos hacia los territorios de mayor fragilidad acumulada.  
Las brechas identificadas en la gestión institucional del riesgo representan, en sí mismas, una  
dimensión de vulnerabilidad que potencia las fragilidades económicas y habitacionales  
166  
documentadas. El 71,4% de las comunidades carece de planes de emergencia funcionales, el  
87,0% no dispone de sistemas de alerta temprana operativos y el 55,8% de los hogares  
desconoce las rutas de evacuación: estas cifras indican que la descentralización de competencias  
hacia los gobiernos autónomos descentralizados, establecida en el COOTAD, no ha sido  
acompañada de las transferencias presupuestarias ni del fortalecimiento técnico que requieren  
los municipios rurales para desarrollar sistemas integrales de prevención y respuesta. Este  
diagnóstico es coherente con lo señalado por la UNDRR (2022) respecto a las brechas de  
implementación del Marco de Sendai en América Latina: los progresos normativos no se han  
traducido en capacidades operativas efectivas a escala comunitaria, lo que genera una  
vulnerabilidad institucional que profundiza la social.  
Acaso el hallazgo de mayor significación política del estudio reside en la disonancia entre  
percepción del riesgo y acción preventiva: pese a que el 84,4% de los hogares tiene  
conocimiento de deslizamientos previos en su comunidad, el 77,9% no ha implementado  
ninguna medida preventiva. Esta brecha no se explica por indiferencia ni por desconocimiento  
del peligro, sino por la confluencia de restricciones económicas estructurales que impiden  
invertir en obras de mitigación y la ausencia de acompañamiento técnico-institucional que  
facilite la adopción de medidas de bajo costo y alta efectividad. Scolobig et al. (2022) han  
teorizado sobre esta disociación, argumentando que los enfoques de gestión del riesgo centrados  
en la comunicación de información son insuficientes sin una dimensión de apoyo efectivo a los  
procesos de transformación local. Las prioridades expresadas por la población capacitación  
(36,4%), apoyo económico para obras de protección (10,4%) y fortalecimiento organizacional  
(5,2%) ofrecen una hoja de ruta precisa para el diseño de políticas públicas que respondan a las  
demandas reales del territorio. A partir de estos hallazgos, se proponen cuatro líneas de acción  
prioritarias para la reducción del riesgo de desastres en el cantón Alausí. En primer lugar, el  
diseño de un programa integral de reducción de la vulnerabilidad económica que articule el  
167  
fortalecimiento de medios de vida diversificados con mecanismos de protección social  
específicamente orientados a hogares en zonas de alta susceptibilidad, reconociendo que la  
reducción de la pobreza es, en este contexto, simultáneamente una estrategia de gestión del  
riesgo. En segundo lugar, la implementación de sistemas comunitarios de alerta temprana con  
diseño participativo, que integren los conocimientos locales sobre el comportamiento del  
territorio con tecnología de monitoreo de bajo costo, priorizando las parroquias rurales con  
mayor IVSE. En tercer lugar, la adecuación de los planes de emergencia comunitarios mediante  
procesos de facilitación técnica que conecten las capacidades institucionales del SNGRE con  
las formas de organización comunitaria preexistentes, aprovechando las redes de solidaridad y  
monitoreo informal identificadas en los talleres de cartografía social. En cuarto lugar, la  
incorporación explícita de criterios de vulnerabilidad socioeconómica en los instrumentos de  
planificación territorial especialmente el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de  
Alausí como condición para una gestión del riesgo que supere los enfoques reactivos y opere  
sobre las causas estructurales de la fragilidad.  
Esta investigación abre líneas de trabajo futuro en tres direcciones complementarias: el análisis  
longitudinal de la evolución de la vulnerabilidad para evaluar el impacto de intervenciones  
públicas específicas; el desarrollo de metodologías participativas de evaluación del riesgo que  
integren saberes indígenas y campesinos con herramientas de georreferenciación; y la  
construcción de índices de vulnerabilidad comparables entre cantones de la sierra ecuatoriana  
que permitan orientar la distribución territorial de recursos para la reducción del riesgo. Estas  
agendas de investigación son pertinentes no solo para Alausí, sino para el conjunto de territorios  
andinos donde la convergencia entre alta susceptibilidad geomorfológica y pobreza estructural  
define un perfil de riesgo sistémico que requiere respuestas igualmente sistémicas.  
168  
REFERENCIAS  
Abebe, H. T. (2022). Determination of sample size and errors. En Promoting Statistical Practice and Collaboration  
in Developing Countries (pp. 321–338). Chapman and Hall/CRC.  
Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial  
449.  
https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-  
del-Ecuador_act_ene-2021.pdf  
Cardona, O. D. (2001). La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad y riesgo:  
Una crítica y una revisión necesaria para la gestión. En International Work-Conference on Vulnerability in  
Disaster Theory and Practice. Disaster Studies of Wageningen University and Research Centre.  
Cardona, O. D., Aalst, M. K., Birkmann, J., Fordham, M., McGregor, G., Perez, R., Pulwarty, R. S., Schipper, E.  
L., & Sinh, B. T. (2021). Determinants of risk: Exposure and vulnerability. En Managing the Risks of Extreme  
Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (pp. 65-108). Cambridge University Press.  
https://doi.org/10.1017/CBO9781139177245.005  
Cea D’Ancona, M. a. Á. (2022). Calidad, confianza y participación en encuestas. Papers, 107(4), e3074.  
https://doi.org/10.5565/rev/papers.3074  
Cox, F., González, D., Magreñán, Á. A., & Orcos, L. (2022). Enseñanza de estadística descriptiva mediante el uso  
de simuladores y laboratorios virtuales en la etapa universitaria. Bordón Revista de Pedagogía, 74(4), 103–  
123. https://doi.org/10.13042/bordon.2022.94121  
Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). SAGE  
Publications.  
Cutter, S. L., & Derakhshan, S. (2020). Temporal and spatial change in disaster resilience in US counties, 2010–  
2015. Environmental Hazards, 19(1), 10-29. https://doi.org/10.1080/17477891.2018.1511405  
Cutter, S. L., Boruff, B. J., & Shirley, W. L. (2003). Social vulnerability to environmental hazards. Social Science  
Quarterly, 84(2), 242-261. https://doi.org/10.1111/1540-6237.8402002  
Erazo, S. E. A., Gavilanes, J. C. A., Escobar, K. E. S., & Ricaurte, V. S. D. (2024). Prospectiva estratégica de los  
gobiernos autónomos descentralizados en la provincia de Chimborazo – Ecuador y su marco legal. Polo del  
Conocimiento:  
Revista  
científico  
-
profesional, 9(1),  
327–346.  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9257852  
Franco, S. (2024). Métodos de investigación cualitativa para la construcción de conocimiento científico: Análisis  
documental. Revista Científica Élite, 6(1).  
http://www.revistaelite.itsqmet.edu.ec/index.php/elite/article/view/75  
Gaillard, J. C., Walters, V., Ricciardi, M., & Shi, P. (2021). Disaster risk science: A geographical perspective and  
plea for more inclusive research. Geography and Sustainability, 2(2), 138-147.  
https://doi.org/10.1016/j.geosus.2021.05.003  
a
Gambo, J., binti Roslan, S. N. A., Zulhaidi Mohd Shafri, H., Che Ya, N. N., Ahmed Yusuf, Y., & Ang, Y. (2024).  
Unveiling and modelling the flood risk and multidimensional poverty determinants using geospatial multi-  
criteria approach: Evidence from Jigawa, Nigeria. International Journal of Disaster Risk  
Reduction, 106(104400), 104400. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104400  
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Alausí. (2024). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
del Cantón Alausí 2024-2028. GAD Municipal de Alausí.  
Hallegatte, S., Vogt-Schilb, A., Bangalore, M., & Rozenberg, J. (2017). Unbreakable: Building the resilience of  
the poor in the face of natural disasters. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1003-9  
169  
Hallegatte, S., Vogt-Schilb, A., Rozenberg, J., Bangalore, M., & Beaudet, C. (2020). From poverty to disaster and  
back: A review of the literature. Economics of Disasters and Climate Change, 4(1), 223-247.  
https://doi.org/10.1007/s41885-020-00060-5  
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2022). Censo de Población y Vivienda 2022. INEC.  
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/  
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2023). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  
(ENEMDU) 2023. INEC. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/enemdu-2023/  
Jaramillo, H. A. L., Pinos, C. A. E., Sarango, A. H., & Román, H. D. O. (2023). Histograma y distribución normal:  
Shapiro-Wilk y Kolmogorov Smirnov aplicado en SPSS: Histogram and normal distribution: Shapiro-Wilk  
and Kolmogorov Smirnov applied in SPSS. Latam: revista latinoamericana de Ciencias Sociales y  
Humanidades, 4(4), 24. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9586442  
Lavell, A., Oppenheimer, M., Diop, C., Hess, J., Lempert, R., Li, J., Muir-Wood, R., & Myeong, S. (2020). Climate  
change: New dimensions in disaster risk, exposure, vulnerability, and resilience. En Managing the Risks of  
Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (pp. 25-64). Cambridge University  
Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139177245.004  
Lipper, L., McCarthy, N., Zilberman, D., Asfaw, S., & Branca, G. (2020). Climate Smart Agriculture: Building  
Resilience to Climate Change. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61194-5  
Lu, H., Zheng, J., Ou, H., Liu, Y., & Li, X. (2022). Impact of natural disaster shocks on farm household poverty  
vulnerability—A threshold effect based on livelihood resilience. Frontiers in Ecology and Evolution, 10,  
Article 860745. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.860745  
Moscoso, R., & Robalino, V. (2022). Gestión de riesgos mayores en la provincia de Chimborazo mediante el uso  
de herramienta GIS. Universidad Nocional de Chimborazo.  
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas & Oficina de las Naciones Unidas para  
la Reducción del Riesgo de Desastres. (2023). Panorama de los Desastres en América Latina y el Caribe  
2000-2022. OCHA/UNDRR. https://www.unocha.org/publications/report/world/panorama-de-los-desastres-  
en-america-latina-y-el-caribe-2000-2022  
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2021). GAR Special Report 2021:  
Measuring Implementation of the Sendai Framework. UNDRR. https://www.undrr.org/gar2021  
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2022). Global Assessment Report on  
Disaster Risk Reduction 2022: Our World at Risk: Transforming Governance for a Resilient Future. UNDRR.  
https://www.undrr.org/gar2022  
Paucar Camacho, J. A., Vallejo Ilijama, M. T., Gaibor Velasco, N. I., & Villacis Taco, L. H. (2025). Vulnerabilidad  
de edificaciones y socioeconómica de familias ante deslizamiento a escala local. Caso comunidad  
Pircapamba, cantón Guaranda, Ecuador. Ciencia Unemi, 18(48), 91–107. https://doi.org/10.29076/issn.2528-  
7737vol18iss48.2025pp91-107p  
Rentschler, J., & Salhab, M. (2020). People in harm's way: Flood exposure and poverty in 189 countries (Policy  
Research Working Paper No. 9447). World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-9447  
Romo-Pérez, C. A., & Wilches-Visbal, J. H. (2023). Análisis de componentes principales en la validación de  
instrumentos de calidad de vida relacionada con la salud bucal. Revista cubana de medicina militar, 52(1).  
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0138-65572023000100015&script=sci_arttext  
Salamanca, H. A. B., Cárdenas, P. A. R., Pérez, T. V., Diaz, N. F. G., Ortega, J. A. G., & Gámez, M. I. V. (2024).  
La entrevista semiestructurada: una herramienta pertinente en la percepción de valores sociales para la  
vida. Revista Lasallista de investigación, 21(1), 92-107.  
170  
Scolobig, A., Prior, T., Schröter, D., Jörin, J., & Patt, A. (2022). Towards people-centred approaches for effective  
disaster risk management: Balancing rhetoric with reality. International Journal of Disaster Risk Reduction,  
12, 202-212. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2015.01.006  
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. (2025). Informe de situación por lluvias en Ecuador enero-febrero  
2025. SNGR.  
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-  
ecuador/  
Secretaría Nacional de Planificación. (2024). Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025. SNP.  
https://www.planificacion.gob.ec  
Vasconez, F., & Pacheco, D. (2023). Observaciones sobre el deslizamiento del 26 de marzo de 2023 en Alausí  
(Provincia de Chimborazo). Informe Técnico Especial. Instituto Geofísico, Escuela Politécnica Nacional.  
https://www.igepn.edu.ec  
Vázquez, L. E. H. (2024). Análisis comparativo entre la metodología de la SICT y la estadística espacial en la  
identificación de puntos de conflictoꢀ:caso carretera Arriaga-Ocozocoautla.  
Viteri, C. G. V. (2024). Análisis de la resiliencia territorial multidimensional frente al riesgo de desastres naturales  
en Manabí (Ecuador). Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante.  
Vo, Thi Anh Nguyet (2022). Disaster assistance and multidimensional poverty. figshare. Dataset.  
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.21432450.v1  
Wisner, B., & Gaillard, J. C. (2021). An introduction to neglected disasters. Disaster Prevention and Management,  
18(4), 291-300. https://doi.org/10.1108/09653560910984483  
Wisner, B., Gaillard, J. C., & Kelman, I. (2022). Handbook of Hazards and Disaster Risk Reduction and  
Management (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003047438  
171